lunes, 20 de abril de 2009

MEDIACION Y ACCESO A LA JUSTICIA

Highton: “A los ministros nos inquietan los problemas de acceso a Justicia”

Es un concepto mucho más amplio que acceso a la justicia porque incluye el acceso a la jurisdicción –a un juzgado, a un expediente- pero también se aplica a toda una amplia gama de soluciones alternativas como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al ciudadano, las casas de justicia", explicó Highton.

En una entrevista con iProfesional.com, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia habló además sobre los proyectos del tribunal para que los ciudadanos resuelvan sus conflictos con mayor celeridad. Además, respecto a la ley de riesgos dijo que hay un vacío legislativo

La actual Corte Suprema de Justicia quedó conformada durante el gobierno kirchnerista, que lo exhibe como uno de sus logros, luego de desarmar el tribunal ligado al menemismo.

A pesar de esto, en los últimos meses, algunos de los integrantes del alto tribunal se mostraron más críticos respecto del Poder Ejecutivo de lo que a éste le gustaría, tanto el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como Elena Highton de Nolasco, Carmen María Argibay, Eugenio Zaffaroni, y Carlos Fayt hicieron públicos sus disensos con la opinión de la presidenta Cristina Kirchner o de su marido en temas como la inseguridad o el presupuesto del Poder Judicial.

Puntos Importantes
• La magistrada dijo que forma parte de la inquietud de los magistrados modernizar el Estado, el Poder Judicial, y no encerrarnos a dictar nuestras sentencias en el palacio de Justicia y olvidarnos de la gente, de los jueces.
• En esa línea, la vicepresidenta del máximo tribunal dijo que esta Corte quiere dar una cara de la justicia que es distinta.
• Respecto a las denuncias que recibe la Comisión que preside por presiones del Gobierno a los jueces, dijo que buscan dar soluciones muy variadas porque los problemas que reciben son variados.

Los magistrados no sólo expusieron su desacuerdo en declaraciones públicas, sino también lo hicieron cuando les tocó hablar a través de sus sentencias en asuntos conflictivos, como la contaminación del Riachuelo, el freno la tala indiscriminada de bosques en Salta, el ajuste a los jubilados o la libertad sindical.

En una entrevista exclusiva con iProfesional.com, Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte, habló de los temas que inquietan a los magistrados como los problemas de acceso a Justicia, la celeridad -ya que, según explicó, también es importante para lograr procedimientos rápidos y además dar certidumbre- y la subrogancia de jueces.

“Es parte de la inquietud de los magistrados modernizar el Estado, el Poder Judicial, de no encerrarnos a dictar nuestras sentencias en el palacio de Justicia y olvidarnos de la gente, de los jueces”, contó Highton.

La vicepresidenta del máximo tribunal dijo que en pos de esto se creó la "Comisión de Acceso a Justicia" a partir del Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial que se elaboró durante la Segunda Conferencia Nacional de Jueces, celebrada en Salta en 2007.

Así, dijo que es la primera vez que la Corte invita a participar a los jueces del interior, generando un intercambio muy rico, "para mantenernos comunicados y fijar políticas comunes, porque no imponemos nada a nadie, queremos dar una cara de la justicia que es distinta”.

"Cuando hablo de acceso a justicia me refiero a la posibilidad de acceder a una solución justa y adecuada a un conflicto que uno tiene. Es un concepto mucho más amplio que acceso a la justicia porque incluye el acceso a la jurisdicción –a un juzgado, a un expediente- pero también se aplica a toda una amplia gama de soluciones alternativas como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al ciudadano, las casas de justicia", explicó Highton.

En esta línea, la vicepresidenta del tribunal contó que el 28 de abril la Comisión que está integrada además por jueces nacionales, federales y provinciales de todo el país presentará como cierre de una primera etapa el mapa de acceso a justicia que es un relevamiento que permitirá conocer y cotejar datos sobre los diversos sistemas con los que cuentan las distintas jurisdicciones.

"En una segunda etapa se intercambiará esa información y se divulgará para luego, en una tercera etapa, poder diseñar en forma consensuada, políticas de todos los jueces del país sobre acceso a justicia y resolución alternativa de conflictos", aclaró Highton.

Independencia judicial
Respecto a la denuncia que recibió la semana pasada la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial que coordina junto con la ministra Argibay contra el Gobierno, en la cual 74 jueces nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que promovió la Secretaría de Derechos Humanos a cinco camaristas de Casación porque habían accedido a liberar a represores que llevaban varios años detenidos sin condena, la jueza dijo que hay que procesarla dentro de la comisión.

“Siempre es una preocupación que setenta y tantos jueces sientan que hay presiones, falta de independencia o que se intenta avanzar sobre la misma. Estamos compartiendo con la doctora Argibay y se le dará el trato interno de la comisión que no es algo público, se verá qué se hace”, explicó la magistrada.

En ese sentido agregó que frente a las denuncias que reciben se busca dar soluciones muy variadas porque los problemas son variados.

Al responder sobre la forma en que se expiden y los resultados que obtienen, Highton dijo que en muchas ocasiones el hecho de presentar alguna cuestión a la comisión hace que los gobernantes cambien de actitud, o sientan que van a ser más expuestos.
Vacío legal

Al ser consultada sobre la ley de riesgos de trabajo, la magistrada señaló que la Corte declaró primero la inconstitucionalidad de cada artículo y después de cada inciso. Los leading cases sobre la norma comenzaron a fines del 2004 y primer semestre del 2005 y si bien ahora se repiten, sirven como precedentes y los jueces los aplican, aclaró.

“Hay que dictar las leyes pertinentes porque hay un vacío. Cuando el tribunal dictó estos fallos, todos dijeron que se sabía hacía mucho que la norma era inconstitucional, eso salió en todos lados", amplió.

Este es un tema de política legislativa. “No hay duda que siempre una buena ley por lo menos da lugar a un buen sistema, sobre todo en estos temas que estamos hablando como el de los seguros o el de control, que evitan accidentes y eventualmente juicios, es mas fácil si las cosas están claras. Hay una certidumbre de lo que es inconstitucional pero hay incertidumbre de lo que hay que hacer, porque hay un vacío”, expresó la vicepresidenta del máximo tribunal.

Highton remarcó además la importancia de instrumentar en todo el país la obligatoriedad de la mediación para incrementar la celeridad en la justicia. También explicó cómo podría desarrollarse la implementación del mecanismo en el ámbito penal.

Así explicó que con la mediación prejudicial obligatoria en la Cámara Civil, por ejemplo, de 300 mil casos que fueron a mediación en 12 años, sólo entre el 30 % y el 35% devino en juicio, quiere decir que cerca del 70% arregló sus conflictos de otra manera.

En este sentido, destacó que mediante esta instancia “se resuelven muchas cosas en una forma más rápida y económica y descongestiona al Poder Judicial, para que los jueces puedan dedicarse a aquellos casos que no tengan otra forma de resolverse”.

La vicepresidenta de la Corte Suprema también analizó cómo podría desarrollarse la implementación del mecanismo en el ámbito penal y dijo que en este plano es necesario obtener la voluntad de la víctima para acceder a la mediación, ya que en la mayoría de los casos, se necesita otro tipo de resarcimiento. En lo penal la mediación depende de cada situación.

"La realidad es que en la Argentina se cometen muchos delitos y no todos se castigan ni se pueden juzgar, entonces se penan unos y no otros, y a veces prescriben los más importantes. Con este tipo de derivación todos los casos tendrían alguna vía y se podrían llegar a implementar políticas serias y adecuadas en materia de delitos”, enfatizó.

“Lo que importa es resolver el conflicto, si se resuelve en una etapa anterior a la judicial, ciertamente que baja la litigiosidad, es más barato, más inmediato, se puede obtener una solución en 15 días", agregó.

La ministra dijo que son varias las cuestiones a tener en cuenta a la hora de encontrar soluciones para agilizar la Justicia, enumeró entre ellas a la gestión informática que puso en marcha la Corte.

Al ser consultada si una reforma a los códigos procesales ayudaría, Highton dijo que sobre este tema hay distintas cuestiones: tiene que haber un equilibrio, se deben mantener todas las garantías para ambas partes.

“Las reformas pueden ser muy variadas. Hay muchas causas y mucha conflictividad. La sola modificación de los códigos no arregla nada si no hay una predisposición: a veces no sólo demora una causa el juez, sino que hay muchas otras variantes que también demora el abogado. Hay que ver cada expediente para conocer los motivos”, enfatizó.

Respecto a la demora en la definición de la causa Pellejero, sobre despido discriminatorio –que lleva tres años y medio desde su ingreso a la Corte- y sobre la que se mantuvo la semana pasada una audiencia pública, Highton sostuvo que hay tantas causas en le tribunal que se está tratando de agilizarlas pero reconoció que es cierto que hay expedientes que llevan mucho más tiempo que otros.

“Siempre estamos buscando cuáles son las causas con más antigüedad para resolverlas mas rápido, hay distintos elementos que no hacen que estemos exentos de culpa. Hay miles de casos en la Corte, cada semana tenemos resolución de casi 300 expedientes, muchos son remisión a otras sentencias pero hay que analizarlas igual. Las causas de corralito taparon mucho, quedan 20 mil, se van buscando distintas soluciones”, señaló.

Oficina de violencia doméstica
La vicepresidenta de la Corte remarcó además que "la Corte es la primera en el mundo que cuenta desde hace siete meses con una oficina de violencia doméstica, es decir, con una oficina abierta durante las 24 horas todos los días del año para atender a ciudadanas y ciudadanos".

Highton explicó que ya atendieron 4.230 víctimas, a razón de 600 casos al mes y que otras 1.300 personas fueron a título informativo. En esa línea, contó que esta oficina por un lado le quita mucho trabajo a los jueces que antes tardaban cuatro meses en constatar lesiones, por ejemplo, y, a su vez, agiliza cuestiones administrativas, como conseguir un refugio para un menor, tareas que ahora resuelve el personal de la oficina. Además, con los convenios firmados con otros organismos, le ahorra tiempo a los jueces y la da acceso a justicia a la gente, porque la víctima puede acceder en cualquier momento, totalmente gratis, para preguntar o presentar el caso.

A la hora de responder sobre los casos de violencia que se vivieron la semana pasada que tuvo duros cruces entre el ex presidente y el Poder Judicial, la magistrada prefirió no opinar sobre casos que hagan a inquietudes sociales, y concluyó que estas cuestiones deberán resolverlas los legisladores por medio de la política legislativa.
http://abogados.infobaeprofesional.com/ 20/04/09
Daniela San Giovanni

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