LA MEDIACION COMUNITARIA- HERRAMIENTA DE PAZ SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS

Tan solo como un ejemplo que no es apreciado por nuestros políticos de Mendoza, sintetizo algunas experiencias nacionales e internacionales, del año 2009, que nos ilustran al respecto:


Rawson –Chubut- Argentina


En Rawson, Chubut se realiza la primera etapa de la Mediación Comunitaria, que consiste en explicar a la población los objetivos y características del proyecto,
como herramienta de solución de conflictos.
La iniciativa depende de la Secretaría de Familia y Promoción
La funcionaria Patricia López explica que "es fundamental que la gente empiece a conocer que hay otra alternativa para resolver los conflictos, no es necesario esperar que el problema se agrave sino que, conociendo esta medida, cuando surge el problema un tercero neutral puede resolverlo",

La coordinadora dijo que una de las partes de este proyecto comprende la capacitación de quienes cumplirán el rol de mediadores.
Puntualizó que luego de la etapa destinada a dar a conocer la herramienta de mediación en cada uno de los barrios se continuará con "la misión de formar centros de mediación en los propios barrios para que los vecinos, ante cualquier situación que altere la convivencia sepan que pueden concurrir a un lugar donde habrá un tercero neutral que les ayudará a buscar una alternativa de solución",
(ver www.redesalternativas.com.ar – Mediación- Difusión popular del método).


SALTA ARGENTINA


En el marco de un proyecto salteño de desarrollo de centros de mediación comunitarias fueron inaugurados Centro de Mediación Comunitaria en La Caldera y Vaqueros por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Francisco Kosiner, el martes 31 de marzo, para ir cumplimentando la habilitación de los mismos en distintos puntos de la provincia.

Los mediadores fueron instruidos con herramientas de utilidad para poder resolver los posibles problemas de la ciudadanía como también de cada municipio.

En la misma línea de desarrollo de la mediación comunitaria se inauguró en Rosario de Lerma otro centro comunitarios

La idea fundamental es aplicar la mediación comunitaria en toda la provincia y quienes habitan la geografía salteña tienen el derecho de acceso a la Justicia, premisa fundamental del gobernador Juan Manuel Urtubey.

Entre las ventajas que brindará la mediación a los ciudadanos pueden resaltarse el tiempo, por cuanto el procedimiento será rápido y sencillo, su gratuidad, brindando grandes beneficios a quienes eventualmente tengan que solucionar conflictos.

Con anterioridad se inauguraron cinco Centros en Capital, luego el de Cerrillos, Rosario de la Frontera y ahora le toca el turno a Rosario de Lerma, para continuar en los próximos días con los centros comunitarios en las localidades de San Carlos, Cafayate y Animaná.

Los centros de mediación se abrirán en todos los municipios de la provincia, según un anuncio realizado durante el acto por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner.

Las autoridades destacaron la importancia de la mediación como una herramienta o instrumento social para recuperar el marco del diálogo y consenso.

Desde la secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Salta, a cargo de Ivette Dousset, se informó que comenzarán a funcionar la semana venidera en los cinco centros integrales comunitarios (CIC) distribuidos en los barrios Santa Cecilia, Solidaridad, Constitución, Asunción y Unión.

El proceso comenzó con la firma de un convenio por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey para la habilitación de Centros Comunitarios de Mediación. El convenio fue elaborado por un equipo técnico de profesionales de la secretaría de Justicia y está basado en lo que especifica la Ley 7.324, que establece la instancia de mediación previa y obligatoria a todo juicio.

"Con esto intentaremos descomprimir el Poder Judicial porque es una herramienta que dio grandes resultados en muchos lugares del mundo, ya que la justicia se cumple cuando se arriman posiciones cumpliendo con la función del mediador", dijo Kosiner.

En este momento, el Gobierno brinda capacitación a los mediadores que prestarán sus servicios en cada municipio salteño, y en este sentido, esta mañana se entregaron a los mediadores capitalinos una carpeta guía para la función social que deberán desempeñar.

Estuvieron presentes los ministros Julio Nasser y Nora Giménez, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Trabajo y Previsión Social, respectivamente.

(ver www.redesalternativas.com.ar -CENTROS INTEGRACION COMUNITARIA Y DE MEDIACION. NUEVOS) “CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIO EN ROSARIO DE LERMA” y “CENTROS DE MEDIACION INAUGURADOS EN SALTA”)


RIO NEGRO BARILOCHE -


La Municipalidad prevé la instalación de un Centro de Mediaciones

El Subsecretario de Relaciones Institucionales de la comuna, Oscar Zamora, participó del cierre de actividades de las Jornadas de Capacitación Comunitaria realizadas en nuestra ciudad. Anticipó la intención de establecer un Centro de Mediaciones Comunitarias.

El día sábado concluyeron las Jornadas de Capacitación para mediadores comunitarios que se desarrollaron en nuestra ciudad desde el mes de junio del pasado año. Las mismas se realizaron en el marco de las acciones implementadas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante un convenio realizado con el gobierno provincial.

En las Jornadas se registraron un total de 30 personas, entre los que se destacaron empleados municipales, docentes, policías e incluso asistentes sociales.
Es por ello que para el cierre de las mismas, se hicieron presentes la directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Dra. María Marcela Uthurralt, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Provincia de Río Negro, Juan Carlos Vallés, y el subsecretario de Relaciones Institucionales de la comuna, Oscar Zamora.

Zamora -a través de una gacetilla de prensa- destacó el interés del Municipio en trabajar para la puesta en funcionamiento de un Centro de Mediación Comunitaria en la ciudad, "razón por la cual se están confeccionando los últimos detalles para la presentación de la Ordenanza en el Concejo Deliberante".
"La forma de implementarla es a través de un convenio con la provincia, en el que la Municipalidad brindaría un espacio físico y la provincia absorbería a los mediadores involucrados", aclaró Zamora.

De esta forma, el Municipio sería el receptor de los conflictos por las partes o a través de las derivaciones que pudieran realizar la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna o cualquier tipo de institución u organismo en la ciudad.
Por su parte, la Dra. Uthurralt destacó la importancia de estos Centros ya que "a veces por cuestiones de montos la gente no puede acceder al sistema judicial, por lo que se intenta brindar herramientas en un lugar con mediadores neutrales que intentarán acompañarlos en la resolución de sus conflictos".
"El porcentaje es altísimo en cuanto a resolución de conflictos, incluso en las mediaciones pre judiciales. Si bien a veces se puede llegar a un acuerdo o no, los índices de concurrencia continúan siendo altos", explicó la Dra. Uthurralt acerca de las experiencias en otros puntos del país.
En cuanto a los resultados esperados, Zamora
se refirió acerca de la importancia de los acuerdos que se logren entre las partes, ya que "si se resolvió algo conveniente para las partes, seguramente a lo largo del tiempo tendrá mucha más durabilidad y aceptación este acuerdo, beneficiando claramente a las relaciones entre nuestros vecinos".
(ver www.redesalternativas.com.ar “CENTRO COMUNITARIO EN BARILOCHE)


SANTA FE - El Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo


El Centro de Mediación y Resolución de Conflictos "Dr. Pablo Benetti Aprosio", dependiente de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, recibió el año pasado un 15 por ciento más de casos que en 2007. El mayor número de mediaciones fue de orden comunitario, las cuales fueron seguidas por las comerciales, las de familia y las relacionadas con la salud, tal como venía sucediendo en los años precedentes. Asimismo, durante 2008, el Centro continuó con sus cursos de capacitación, a los que asistieron unas ciento cincuenta personas entre Rosario y Santa Fe.
"En lo que se refiere al desarrollo diario, podemos ver que la actividad va en permanente aumento en cuanto a la cantidad y complejidad de los casos traídos a mediación", explicó Víctor Jorge Jaef, director del Centro de Mediación, quien remarcó que se ha "tenido un importante crecimiento con excelentes resultados en casi todos los casos abordados".

A modo de ejemplo, Jaef mencionó que, a pedido del Poder Judicial de la Provincia, el Centro participó de una mediación en el caso del Lavadero Virasoro con resultado satisfactorio.

También recordó que intervino en el conflicto por las Areneras de Granadero Baigorria a solicitud de los vecinos y con la participación de los titulares de las areneras y miembros del gobierno comunal. "También en ese caso se llegó a un acuerdo", precisó el especialista.

Al mismo tiempo, citó como otra muestra de mediación exitosa la tarea realizada luego de que vecinos de Granadero Baigorria acudieran a la Defensoría del Pueblo porque no podían acceder a la provisión del servicio eléctrico. En ese caso, se trataba de ciudadanos que habían comprado terrenos en un loteo y, cuando solicitaron el servicio a la EPE, la empresa les contestó que no podía proveerlo por no poseer el tendido de la línea ni los transformadores correspondientes. Gracias a la actuación del Centro este conflicto también se pudo solucionar.

Uno de los casos atendidos por el Centro que más trascendencia pública tuvo el año pasado fue la mediación que se realizó entre los movimientos sociales que estaban acampando en la Plaza San Martín, funcionarios de los gobiernos municipal, provincial y nacional y representantes de los vecinos (quienes habían pedido la intervención de la Defensoría). En esta ocasión, no se logró llegar a un acuerdo en las reuniones que se realizaron en el Centro, aunque éstas sentaron las bases para el convenio que se firmó a los pocos días de terminada su intervención. "Cabe recordar que éste fue un «leading case» a nivel nacional, ya que por primera vez todos los estamentos del Estado participaron de una mediación con grupos «piqueteros»", señaló Jaef.

Finalmente, el titular del Centro recordó que también tuvo resultado positivo una mediación solicitada por el presidente comunal de Andino, quien convocó a los especialistas de la Defensoría del Pueblo ante el requerimiento de un grupo de vecinos que se oponían a la instalación de una antena de telefonía celular.

Por otra parte, Jaef señaló que el año pasado el Centro de Mediación continuó con su "permanente actividad académica y realizó cursos de capacitación de mediadores a los que asistieron más de ciento cincuenta alumnos entre Rosario y Santa Fe". "También se dictaron charlas de mediación a docentes y no docentes en las distintas localidades de la Provincia, adonde los especialistas fueron invitados por el Ministerio de Educación", agregó el director del Centro de Mediación, quien precisó que a esas jornadas asistieron más de doscientas personas. Asimismo, se dictaron charlas informativas en las distintas delegaciones y en la misma Defensoria del Pueblo a fin de explicar la forma de aplicación e implementación de las nuevas técnicas de resolución de conflictos: facilitación y conciliación, las cuales están siendo utilizadas exitosamente.

Finalmente, desde el Centro se organizaron las Segundas Jornadas de Mediación Comunitaria, que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario el 7 de julio de 2008, con la participación de más de 100 mediadores comunitarios de Centros de Mediación dependientes de Defensorías del Pueblo de todo el país.

Qué es el Centro de Mediación
El Centro de Mediación "Dr. Pablo Benetti Aprosio", dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, es un órgano que ofrece una vía alternativa para la resolución de conflictos.

El mismo cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Justicia de la Nación como Escuela de Capacitación y Pasantías por la Resolución Nº 188/96, constituyéndose en el primer centro de mediación comunitaria del interior del país. Asimismo, mediante un convenio con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe, (Resolución Nº 1368/96), se le otorgó la máxima calificación en la capacitación de los mediadores privados, como también a las pasantías realizadas en el mismo.
La mediación es una forma de resolución de conflictos alternativa a la vía judicial, y que puede abordar una amplia gama de problemáticas, entre las que se destacan temas comunitarios, comerciales, familiares, educativos, de salud, de daños y perjuicios, laborales, penales, de discriminación y de políticas públicas, entre otros.

Las ventajas de la mediación como forma de resolución alternativa de conflictos son que el procedimiento es voluntario, extrajudicial, informal, veloz, confidencial, gratuito y conducido por un tercero imparcial, especialmente capacitado para facilitar la comunicación entre las partes, para que ellas mismas, luego de una o varias reuniones, puedan lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. El acuerdo alcanzado tiene el valor de un convenio privado entre las partes, pudiendo ser posteriormente homologado judicialmente.

De no arribarse a ninguna solución aceptable, cualquiera de las partes puede dar por finalizado el procedimiento de mediación cuando así lo decida, destruyéndose toda nota o apunte que pudiera haberse tomado sobre el caso a fin de preservar la confidencialidad.


(ver www.redesalternativas.com.ar “El Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo atendió un 15 por ciento más de casos en 2008”)


MEXICO


En México se desarrolla, propiciado por el Tribunal Superior de Justicia la difusión al público usuario, de los servicios del Centro de Justicia Alternativa,.

De acuerdo con el convenio, la capacitación para sensibilizar al personal que actualmente brinda atención y orientación jurídica vía telefónica hará énfasis en el tema de la mediación y promoverá la solución de conflictos entre particulares, para evitar que los mismos lleguen a tribunales
Asimismo en Pachuca, Hidalgo, c on el objeto de evitar que los conflictos entre particulares crezcan desmesuradamente y terminen en largos y costosos litigios, actualmente se impulsa la justicia municipal y la justicia alternativa en gran parte del territorio estatal, expresó el titular del Poder Judicial de Hidalgo, Lucas Gonzáles López.
Comentó que ya se disponen de cinco centros regionales de Justicia Alternativa que se ubican en Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Huejutla y Tenango de Doria.
Además, se tiene proyectado instalar uno más en el distrito judicial de Tula.
El magistrado expresó que la ley respectiva prevé que el Tribunal Superior de Justicia pueda convenir con los ayuntamientos para que instalen en los municipios centros de mediación y conciliación municipal.
Explicó que los alcaldes proponen a los funcionarios que encabezarán esas instituciones, quienes son debidamente capacitados y aprobados por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, siempre y cuando reúnan los requisitos adecuados para que se conduzcan como buenos mediadores y concertadores.
De esta forma se está propiciando que el Poder Judicial acerque más la justicia a la población en general.
En los juzgados conciliadores municipales y en los centros de justicia alternativa se pueden solventar diversos conflictos, incluso de poca cuantía y cuando los acuerdos no afecten a terceros ni vayan en contra del interés publico.
Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando se hace un deslinde de terrenos, las partes no pueden acordar tomar parte de la vía pública o del predio de un vecino, pues se estarían afectando intereses distintos a los que tienen derecho.
Lucas Gonzáles manifestó que es muy importante que los municipios dispongan de estas instancias de amigable composición, a efecto de que los pequeños problemas no se conviertan en grandes conflictos entre particulares, familiares, vecinos.
También se pueden dirimir en esas instancias asuntos de carácter penal, siempre y cuando se trate de delitos no graves que se persiguen a petición de parte.
Mencionó que en el caso de los centros de justicia alternativa, todos los convenios que se firman en su interior tienen el carácter de cosa juzgada, como si se tratara de la sentencia de un juez y ante el incumplimiento, se puede demandar la ejecución
(ver www.redesalternativas.com.ar -“MEDIACION- DIFUSION A LOS USUARIOS” y LA MEDIACION MUNICIPAL Y LA JUSTICIA DE PAZ HERMOSO EJEMPLO MEXICANO PARA MENDOZA”)


ESPAÑA CENTROS DEL VOLUNTARIADO Y MEDIACION

La Comunidad Valenciana cuenta con la mayor Red de Centros del Voluntariado de toda España, que tiene como características fundamentales la descentralización de sus recursos y servicios para lograr la mejor atención en el mayor número de municipios y comarcas a todas aquellas personas que quieren ayudar a los más desfavorecidos.
Segùn un funcionario, Blasco “la Comunitat Valenciana es hoy un claro ejemplo del compromiso del Consell con aquellos que ayudan a los colectivos más desfavorecidos, y se sitúa a la vanguardia del altruismo. Queremos municipalizar la solidaridad, de modo que las personas de una localidad o de una comarca concreta puedan ayudar a las ONG de su entorno".

Un Centro Fundar es un punto de encuentro entre voluntarios, ONG y personas que quieren acercarse a la solidaridad.

En estos espacios pueden encontrar información sobre el tejido asociativo del municipio, distintas acciones de formación para el voluntariado, ayuda para la búsqueda de voluntarios y asesoramiento sobre cuestiones jurídicas, entre otros servicios.

En estos momentos, 40 localidades de la Comunitat Valenciana cuentan con un centro de voluntariado. En la provincia de Castellón hay 9: en Vinarós, Benicarlo, Onda, La Vall d'Uixó, Penyíscola, Segorbe, Alcalà de Xivert, Vila-Real y Castellón. En Alicante, existen 13 Centros Fundar, en la capital, Alcoi, Benidorm, Calpe, Villena, Elda, Novelda, Aspe, Formentera del Segura, Callosa d'En Sarriá, Crevillente, Orihuela y Torrevieja. La provincia de Valencia cuenta con 18 de estos centros de voluntariado. Se encuentran en la capital, Gandia, Xativa, Torrent, Paterna, Manises, Llíria, Torrebaja, Chiva, Foios, Meliana, Faura, Benaguasil, Oliva, La Pobla Llarga, Bunyol, Alzira y Ontinyent.

La finalidad de estos 40 Centros del Voluntariado es ofrecer espacios de comunicación, trabajo y encuentro entre las organizaciones del voluntariado y la ciudadanía, así como acercar los servicios de Fundar a las distintas comarcas de la Comunitat Valenciana.

Junto a este centro de voluntariado, Blasco y Mateo han inaugurado una Agencia AMICS destinada al colectivo inmigrante. Con la apertura en Torrevieja, existen oficinas de este tipo en 45 localidades de la Comunitat Valenciana. El objetivo de estas agencias de mediación es integrar a la población extranjera residente en los distintos municipios y facilitarles la resolución de cuestiones relacionadas con el trabajo, la residencia, la sanidad o la educación.

Para el conseller Blasco "la labor de las Agencias de Integración cobra aún más importancia en la situación económica que estamos atravesando. Estos centros facilitan a las personas inmigrantes su inserción sociolaboral, además de asesorarles y orientarles en la resolución de cuestiones relacionadas con el trabajo, residencia, sanidad o educación".

Una Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social es una oficina que ofrece a los inmigrantes servicios de información, mediación, asesoramiento y orientación en varias materias. Las AMICS también hacen hincapié en la necesidad del empadronamiento y en el ámbito administrativo ofrecen asesoramiento sobre los trámites a seguir en relación a la nacionalidad, revisión de tarjetas, reagrupación familiar, visado de estudios, arraigo social y autorizaciones de trabajo.

En la actualidad hay en funcionamiento 45 Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS). De ellas, 15 están localizadas en la provincia de Alicante, 9 en Castellón y 21 en Valencia. "El Consell ha dado un gran impulso a la creación de estos centros, considerados como herramienta clave dentro de las políticas en materia de integración y respondiendo al crecimiento de la población inmigrante en la Comunitat", ha explicado Blasco.

(www.redesalternativas “Centros del Voluntariado La mayor red de Europa en Valencia. Lindo ejemplo para nuestra dormida política social mendocina”)

ECUADOR Centros de mediación social

El Gobierno de Ecuador y delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron en Quito establecer los parámetros para la creación de tres centros de mediación, que contarán con un aporte de 250.000 dólares del organismo internacional, informó hoy la Procuraduría.
Según un comunicado, el procurador de Ecuador, Diego García, se reunió ayer con Pedro Vuskovic, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, y Antonio Araníbar, representante de ese organismo en el país, y "establecieron los parámetros" para la creación de los centros.
Los centros de mediación que se establecerán inicialmente en las ciudades de Esmeraldas (Costa), Tulcán (Sierra) y Lago Agrio (Amazonía) contarán con un aporte de 250.000 dólares suscrito por la OEA en diciembre pasado, precisa el documento.
Los centros, que estarán en funcionamiento en tres meses, están "orientados a difundir y establecer el uso de la mediación social en el país, como una herramienta eficaz para disminuir los índices de conflictividad social y descongestionar la administración de justicia en el Ecuador", agregó la fuente.
El proyecto corresponde al plan operativo suscrito el 19 de noviembre de 2008, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador, Cooperación española y la Secretaría General de la OEA, precisa el comunicado.
Por su parte, Vuskovic destacó que existe el proyecto de que se construyan otros centros de mediación a nivel nacional.
"Nuestra misión es fortalecer las instituciones del Estado", señaló Vuskovic, "quien no descartó nuevos apoyos para este fin" agrega el texto. EFE
(www.redesalternativas Centros de mediación social acuerdo Ecuador - OEA inversión U$ 250000)


BOLIVIA - Mediación y justicia


Acaba de ponerse en marcha el mecanismo de aplicación de la nueva Constitución de Bolivia. Es novedosa en numerosos aspectos. El proceso de construcción de la Carta Magna fue intenso y con la participación de representantes de cada uno de los sectores de la sociedad boliviana.
Una de las instituciones de la sociedad civil que más activamente participó de aquel proceso fue el Centro de Justicia y Participación, el CEJIP. Con sede en La Paz, extendió su labor hacia Sucre, la ciudad que fue sede de la tarea constituyente.

La nueva "ley de leyes" incorpora conceptos provenientes de las ancestrales experiencias de los pueblos originarios. Tal vez esto sea, en materia de Justicia, el mayor desafío y, a la vez, la mayor duda de parte de quienes no vivimos en ese contexto.

Por eso hablamos con un experto: Enrique MacLean Soruco. Se trata de un joven jurista que integra el CEJIP. Aquí su análisis preciso:

¿En qué cambia la nueva Constitución boliviana el acceso a la justicia por parte de la población?
-Desde un punto de vista meramente orgánico el reconocimiento de la justicia comunitaria originaria campesina como un brazo legítimo y paralelo de la administración de justicia, es un mecanismo de presencia de los servicios judiciales en áreas rurales. Sin embargo, la cantidad y distribución territorial de los órganos de administración de justicia (tanto ordinaria como comunitaria) no están regulados constitucionalmente, por tanto el acceso a la justicia dependerá mucho de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Deslinde Jurisdiccional todavía pendiente de aprobación. El tema de acceso a la justicia, si se lo entiende no solamente en función a la cantidad y distribución territorial de tribunales, sino a la posibilidad real de la persona de pedir a un tercero imparcial la decisión sobre una controversia concreta, de forma transparente y oportuna, sin importar su situación social o económica, es un tema que escapa lo normativo por tanto, un problema que está fuera del alcance de la Constitución.

¿Cree que se producirá un avance en la materia?
- Hablar de mi creencia personal sobre lo que sucederá en el futuro sería como hablar de una sensación térmica imprecisa. Si creo que las bases normativas están dadas para un cambio positivo y que depende mucho de un cambio de actitud política y gremial de los abogados jueces y litigantes para que el cambio se de.

¿En qué sentido?
- Se pueden aprovechar muchas novedades de la Constitución aprobada para superar problemas pasados de la administración de justicia. Es alentador ver que la nueva Constitución permite la desconcentración de la justicia contencioso administrativa -litigación contra el Estado- , la institución de la oralidad como principio rector de la jurisdicción ordinaria, la legitimación de la autoridad judicial a través del voto informado, entre otras ventajas. Mi único temor es que persista la tendencia burocratizante y elitizante de la justicia como se la administró hasta ahora, con lo cual se podrían contaminar y distorsionar los importantes principios orientadores previstos en la NCPE. Otro posible obstáculo al avance en la modernización de la justicia es la conjunción de un ánimo de confrontación del gobierno con las autoridades judiciales -persecución a jueces que pronuncien fallos contrarios a los intereses del gobierno o desacato a sus resoluciones- combinada con un distanciamiento de la sociedad con el rol del juez. La imagen institucional del Poder Judicial está tan deteriorada que son casi inexistentes los grupos o asociaciones de personas capaces de generar un movimiento de defensa a su función y a la necesidad de su independencia. Todo el gremio de jueces debe hacer un intenso trabajo para aprovechar la nueva CPE y mostrar que el Poder Judicial puede proveer servicios creíbles, eficientes y oportunos a los sectores más necesitados de esta sociedad como forma de combatir las justificadas críticas que se hace a su desempeño actual.

¿Queda instituida la justicia comunitaria?
- Más que instituida, yo diría que queda reconocida normativamente con mayor importancia que la regulación legal previa -el procedimiento penal actual reconoce la justicia comunitaria como una salida alternativa al juicio, dentro del marco de la Constitución, pero nunca se establecieron criterios suficientes de deslinde de una jurisdicción con la otra-. El abandono del Poder Judicial en áreas rurales ha generado una necesidad de crear instancias de resolución de conflictos basadas en las costumbres culturales de los campesinos del país. El abandono no solamente es estatal, sino también mediático porque no es raro ver en la prensa analogías sensacionalistas entre los linchamientos urbanos y la justicia comunitaria, que tiende a ser mediadora, resarcitoria y excepcionalmente punitiva.

¿Podría explicar antecedentes y en qué consiste?
- En áreas rurales existen diversos mecanismos de solución de conflictos sin intervención de autoridades judiciales. Muchos de estos mecanismos tienen origen en las costumbres sociales y religiosas del grupo social que instituye el mecanismos de justicia comunitaria. En área rural la conflictividad por lo general se presenta en temas de tierras, tenencia de animales, deudas y conflictos de relacionamiento. En el área andina, por ejemplo, conozco de sistemas de justicia comunitaria que, en poblaciones chicas, operan convocando a toda la comunidad a crear un gran tribunal comunitario, presidido por un líder (mallku) para decidir sobre límites de parcelas, sanciones a personas que perturben la paz y la armonía, y formas de resarcimiento de daños previos causados. Este sin embargo es un ejemplo aislado de muchas otras formas de justicia comunitaria de mediación y resarcimiento que deberían explorarse con más seriedad ahora que existe regulación constitucional formal para la aplicabilidad obligatoria de los fallos de tribunales comunitarios. De cualquier manera, creo que es sumamente irresponsable confundir la justicia comunitaria como fenómeno social-rural con los linchamientos de crónica roja.

¿No considera que muchos de los cambios en lugar de representar un progreso son un retroceso al pasado?
- Personalmente creo que los retrocesos se deben medir más en función de resultados que de cronología. Si en el pasado se han dado experiencias que dieron resultados positivos, debería considerarse un retroceso la indiferencia a dichas experiencias. También considero un retroceso la instalación de discursos dirigidos notoriamente a provocar miedo e inseguridad, en vez de permitir un debate abierto e incluyente sobre los temas que generan preocupación (entre ellos la justicia comunitaria). La administración de justicia boliviana se ha quedado estancada en cuanto a las necesidades de la sociedad. La Nueva Constitución, aplicada con creatividad y en un espíritu de generar mejores servicios judiciales puede ser una oportunidad para avanzar en la modernización y legitimación de la justicia ante los ciudadanos que ahora la toman como un órgano frívolo y distante de sus necesidades. Nuevamente, esto depende más de la idoneidad de quienes estarán llamados a aplicarla, más que de su texto. El retroceso si se dá, será siempre responsabilidad de las personas, no de las leyes.

¿No habrá una justicia digamos "occidental" para las grandes empresas y sectores más acomodados y una justicia diferencial para el resto?
- Las empresas y los sectores más acomodados de la sociedad no viven en una situación de privilegio gracias a la división de dos jurisdicciones, una ordinaria u otra comunitaria, división que en la práctica ha existido y ha estado funcionando, aún a espaldas de la insuficiencia normativa. La situación de privilegio de los sectores favorecidos se potenció históricamente -junto a muchos otros factores- por la complicidad de la clase política, con el gremio de abogados y los administradores de justicia para convertir los procedimientos judiciales en tortuosos calvarios inaccesibles al ciudadano promedio. El calvario de la justicia fue administrado como una ruta interminable cuesta arriba cuyos peajes se almacenaban en los bolsillos de abogados y jueces, sin ofrecer un mínimo de igualidad de condiciones, calidad, credibilidad y eficiencia. No extraña entonces que, en este momento político, el Poder Judicial no tenga aliados en los grupos sociales para defenderse contra los ataques del Poder Ejecutivo. Sin duda, esta es una oportunidad para reformular las reglas de juego en la administración de justicia, e iniciar un proceso de redención para los gremios culpables del deterioro del sistema.

¿Cree que será aplicable en el mediano plazo la nueva Constitución?
- Creo que la preocupación esencial del oficialismo y la oposición es definir el esqueleto orgánico del Estado, como se distribuirán las nuevas cuotas de poder, cuanto espacio ocupará cada fuerza política, cuantos cargos podrán repartirse entre cuantas personas, etc. Esas son cuestiones meramente burocráticas y electoralistas sobre las cuales no amerita discutir si se aplicarán a corto, mediano o largo plazo.
La parte esencial de una Constitución no son las reglas de funcionamiento de los órganos del Estado. La parte esencial de toda Constitución es la realización de los derechos y necesidades de los seres humanos por ella amparados (aunque esta afirmación suene muy amplia, no existe otra forma de justificar una Constitución si no es precisamente el grupo de personas que la justifican: el pueblo) Estamos ante una situación de déficit en las filas del oficialismo en cuanto a capacidad de gestión y administración inteligente de los recursos del Estado para solucionar los problemas de la población. Tampoco existe una oposición orientadora, propositiva y constructiva. En base a la experiencia de estos tres años pasados -y de la conducta política precedente en Bolivia desde la fundación hasta hoy-, es muy posible que la Constitución se aplique en lo órganico en el corto y mediano plazo, pero el largo plazo llegue anticipadamente sin que la situación de la mayoría de los bolivianos haya mejorado su calidad de vida desde que se inició el llamado proceso de cambio -aunque el gobierno insista en crear bonos, rentas y otro tipo de limosnas pecuniarias para encubrir su fracaso de gestión-.
De cualquier forma, sería inconsecuente de mi parte asumir una posición únicamente crítica ahora que el proceso de transición se está iniciando. La aplicación de la nueva Constitución implica necesariamente replantear los objetivos, participar en espacios de discusión y consenso de ideas, para crear soluciones desde la sociedad civil o desde el Estado. Lo anterior nos obliga a dialogar, a no olvidar el pasado, pero aprender a superarlo, y así construir un sistema de justicia renovado y con los dos pies plantados en la realidad de los más sufridos, con quienes el Estado Boliviano está en enorme deuda.
(www.redesalternativas Mediación y justicia comunitaria originada en costumbres sociales y religiosas de comunidades rurales – Bolivia)