jueves, 30 de abril de 2009

CAPACITACION EN MEDIACION EN LA ZONA DE CUYO


La Escuela de Mediación Redes Alternativas (Habilitación Nº 084 del Registro de Instituciones Formadoras en Mediación) ha desarrollado, en el primer semestre del ano 2009 ,una importante agenda de capacitación


En el mes de Febrero culminó el "Curso de Especialización en Mediación Familiar"
en San Rafael (Mendoza) y en ese mismo mes inició una "Formación en Mediación" (100 horas) a un grupo interdisciplinario de 30 cursantes en Mendoza, en la Universidad del Aconcagua que culminará en Junio. En el mes de Marzo inició otra "Formación en Mediación" en San Rafael para un grupo de 30 abogados y estudiantes avanzados de derecho que culmina en el mes de Agosto. En Abril iniciará en San Juan una "Capacitación en Mediación" en la Universidad Nacional de San Juan, que durará un cuatrimestre. En el mes de Mayo ofrecerá una formación de "Especialización en Mediación Familiar", con la presencia de mediadores de Argentina y Chile. Para el mismo mes tiene agendado brindar una formación en Mediación Escolar en la Pcia de Tucumán, conjuntamente con la prestigiosa institución tucumana CERECO

De esta manera la capacitadora ha expandido sus servicios contando con un excelente plantel docente.

lunes, 20 de abril de 2009

MEDIACION Y ACCESO A LA JUSTICIA

Highton: “A los ministros nos inquietan los problemas de acceso a Justicia”

Es un concepto mucho más amplio que acceso a la justicia porque incluye el acceso a la jurisdicción –a un juzgado, a un expediente- pero también se aplica a toda una amplia gama de soluciones alternativas como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al ciudadano, las casas de justicia", explicó Highton.

En una entrevista con iProfesional.com, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia habló además sobre los proyectos del tribunal para que los ciudadanos resuelvan sus conflictos con mayor celeridad. Además, respecto a la ley de riesgos dijo que hay un vacío legislativo

La actual Corte Suprema de Justicia quedó conformada durante el gobierno kirchnerista, que lo exhibe como uno de sus logros, luego de desarmar el tribunal ligado al menemismo.

A pesar de esto, en los últimos meses, algunos de los integrantes del alto tribunal se mostraron más críticos respecto del Poder Ejecutivo de lo que a éste le gustaría, tanto el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como Elena Highton de Nolasco, Carmen María Argibay, Eugenio Zaffaroni, y Carlos Fayt hicieron públicos sus disensos con la opinión de la presidenta Cristina Kirchner o de su marido en temas como la inseguridad o el presupuesto del Poder Judicial.

Puntos Importantes
• La magistrada dijo que forma parte de la inquietud de los magistrados modernizar el Estado, el Poder Judicial, y no encerrarnos a dictar nuestras sentencias en el palacio de Justicia y olvidarnos de la gente, de los jueces.
• En esa línea, la vicepresidenta del máximo tribunal dijo que esta Corte quiere dar una cara de la justicia que es distinta.
• Respecto a las denuncias que recibe la Comisión que preside por presiones del Gobierno a los jueces, dijo que buscan dar soluciones muy variadas porque los problemas que reciben son variados.

Los magistrados no sólo expusieron su desacuerdo en declaraciones públicas, sino también lo hicieron cuando les tocó hablar a través de sus sentencias en asuntos conflictivos, como la contaminación del Riachuelo, el freno la tala indiscriminada de bosques en Salta, el ajuste a los jubilados o la libertad sindical.

En una entrevista exclusiva con iProfesional.com, Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte, habló de los temas que inquietan a los magistrados como los problemas de acceso a Justicia, la celeridad -ya que, según explicó, también es importante para lograr procedimientos rápidos y además dar certidumbre- y la subrogancia de jueces.

“Es parte de la inquietud de los magistrados modernizar el Estado, el Poder Judicial, de no encerrarnos a dictar nuestras sentencias en el palacio de Justicia y olvidarnos de la gente, de los jueces”, contó Highton.

La vicepresidenta del máximo tribunal dijo que en pos de esto se creó la "Comisión de Acceso a Justicia" a partir del Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial que se elaboró durante la Segunda Conferencia Nacional de Jueces, celebrada en Salta en 2007.

Así, dijo que es la primera vez que la Corte invita a participar a los jueces del interior, generando un intercambio muy rico, "para mantenernos comunicados y fijar políticas comunes, porque no imponemos nada a nadie, queremos dar una cara de la justicia que es distinta”.

"Cuando hablo de acceso a justicia me refiero a la posibilidad de acceder a una solución justa y adecuada a un conflicto que uno tiene. Es un concepto mucho más amplio que acceso a la justicia porque incluye el acceso a la jurisdicción –a un juzgado, a un expediente- pero también se aplica a toda una amplia gama de soluciones alternativas como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al ciudadano, las casas de justicia", explicó Highton.

En esta línea, la vicepresidenta del tribunal contó que el 28 de abril la Comisión que está integrada además por jueces nacionales, federales y provinciales de todo el país presentará como cierre de una primera etapa el mapa de acceso a justicia que es un relevamiento que permitirá conocer y cotejar datos sobre los diversos sistemas con los que cuentan las distintas jurisdicciones.

"En una segunda etapa se intercambiará esa información y se divulgará para luego, en una tercera etapa, poder diseñar en forma consensuada, políticas de todos los jueces del país sobre acceso a justicia y resolución alternativa de conflictos", aclaró Highton.

Independencia judicial
Respecto a la denuncia que recibió la semana pasada la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial que coordina junto con la ministra Argibay contra el Gobierno, en la cual 74 jueces nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que promovió la Secretaría de Derechos Humanos a cinco camaristas de Casación porque habían accedido a liberar a represores que llevaban varios años detenidos sin condena, la jueza dijo que hay que procesarla dentro de la comisión.

“Siempre es una preocupación que setenta y tantos jueces sientan que hay presiones, falta de independencia o que se intenta avanzar sobre la misma. Estamos compartiendo con la doctora Argibay y se le dará el trato interno de la comisión que no es algo público, se verá qué se hace”, explicó la magistrada.

En ese sentido agregó que frente a las denuncias que reciben se busca dar soluciones muy variadas porque los problemas son variados.

Al responder sobre la forma en que se expiden y los resultados que obtienen, Highton dijo que en muchas ocasiones el hecho de presentar alguna cuestión a la comisión hace que los gobernantes cambien de actitud, o sientan que van a ser más expuestos.
Vacío legal

Al ser consultada sobre la ley de riesgos de trabajo, la magistrada señaló que la Corte declaró primero la inconstitucionalidad de cada artículo y después de cada inciso. Los leading cases sobre la norma comenzaron a fines del 2004 y primer semestre del 2005 y si bien ahora se repiten, sirven como precedentes y los jueces los aplican, aclaró.

“Hay que dictar las leyes pertinentes porque hay un vacío. Cuando el tribunal dictó estos fallos, todos dijeron que se sabía hacía mucho que la norma era inconstitucional, eso salió en todos lados", amplió.

Este es un tema de política legislativa. “No hay duda que siempre una buena ley por lo menos da lugar a un buen sistema, sobre todo en estos temas que estamos hablando como el de los seguros o el de control, que evitan accidentes y eventualmente juicios, es mas fácil si las cosas están claras. Hay una certidumbre de lo que es inconstitucional pero hay incertidumbre de lo que hay que hacer, porque hay un vacío”, expresó la vicepresidenta del máximo tribunal.

Highton remarcó además la importancia de instrumentar en todo el país la obligatoriedad de la mediación para incrementar la celeridad en la justicia. También explicó cómo podría desarrollarse la implementación del mecanismo en el ámbito penal.

Así explicó que con la mediación prejudicial obligatoria en la Cámara Civil, por ejemplo, de 300 mil casos que fueron a mediación en 12 años, sólo entre el 30 % y el 35% devino en juicio, quiere decir que cerca del 70% arregló sus conflictos de otra manera.

En este sentido, destacó que mediante esta instancia “se resuelven muchas cosas en una forma más rápida y económica y descongestiona al Poder Judicial, para que los jueces puedan dedicarse a aquellos casos que no tengan otra forma de resolverse”.

La vicepresidenta de la Corte Suprema también analizó cómo podría desarrollarse la implementación del mecanismo en el ámbito penal y dijo que en este plano es necesario obtener la voluntad de la víctima para acceder a la mediación, ya que en la mayoría de los casos, se necesita otro tipo de resarcimiento. En lo penal la mediación depende de cada situación.

"La realidad es que en la Argentina se cometen muchos delitos y no todos se castigan ni se pueden juzgar, entonces se penan unos y no otros, y a veces prescriben los más importantes. Con este tipo de derivación todos los casos tendrían alguna vía y se podrían llegar a implementar políticas serias y adecuadas en materia de delitos”, enfatizó.

“Lo que importa es resolver el conflicto, si se resuelve en una etapa anterior a la judicial, ciertamente que baja la litigiosidad, es más barato, más inmediato, se puede obtener una solución en 15 días", agregó.

La ministra dijo que son varias las cuestiones a tener en cuenta a la hora de encontrar soluciones para agilizar la Justicia, enumeró entre ellas a la gestión informática que puso en marcha la Corte.

Al ser consultada si una reforma a los códigos procesales ayudaría, Highton dijo que sobre este tema hay distintas cuestiones: tiene que haber un equilibrio, se deben mantener todas las garantías para ambas partes.

“Las reformas pueden ser muy variadas. Hay muchas causas y mucha conflictividad. La sola modificación de los códigos no arregla nada si no hay una predisposición: a veces no sólo demora una causa el juez, sino que hay muchas otras variantes que también demora el abogado. Hay que ver cada expediente para conocer los motivos”, enfatizó.

Respecto a la demora en la definición de la causa Pellejero, sobre despido discriminatorio –que lleva tres años y medio desde su ingreso a la Corte- y sobre la que se mantuvo la semana pasada una audiencia pública, Highton sostuvo que hay tantas causas en le tribunal que se está tratando de agilizarlas pero reconoció que es cierto que hay expedientes que llevan mucho más tiempo que otros.

“Siempre estamos buscando cuáles son las causas con más antigüedad para resolverlas mas rápido, hay distintos elementos que no hacen que estemos exentos de culpa. Hay miles de casos en la Corte, cada semana tenemos resolución de casi 300 expedientes, muchos son remisión a otras sentencias pero hay que analizarlas igual. Las causas de corralito taparon mucho, quedan 20 mil, se van buscando distintas soluciones”, señaló.

Oficina de violencia doméstica
La vicepresidenta de la Corte remarcó además que "la Corte es la primera en el mundo que cuenta desde hace siete meses con una oficina de violencia doméstica, es decir, con una oficina abierta durante las 24 horas todos los días del año para atender a ciudadanas y ciudadanos".

Highton explicó que ya atendieron 4.230 víctimas, a razón de 600 casos al mes y que otras 1.300 personas fueron a título informativo. En esa línea, contó que esta oficina por un lado le quita mucho trabajo a los jueces que antes tardaban cuatro meses en constatar lesiones, por ejemplo, y, a su vez, agiliza cuestiones administrativas, como conseguir un refugio para un menor, tareas que ahora resuelve el personal de la oficina. Además, con los convenios firmados con otros organismos, le ahorra tiempo a los jueces y la da acceso a justicia a la gente, porque la víctima puede acceder en cualquier momento, totalmente gratis, para preguntar o presentar el caso.

A la hora de responder sobre los casos de violencia que se vivieron la semana pasada que tuvo duros cruces entre el ex presidente y el Poder Judicial, la magistrada prefirió no opinar sobre casos que hagan a inquietudes sociales, y concluyó que estas cuestiones deberán resolverlas los legisladores por medio de la política legislativa.
http://abogados.infobaeprofesional.com/ 20/04/09
Daniela San Giovanni

MEDIACION COMUNITARIA VOLUNTARIA

INTRODUCCION

Es interesante la propuesta desarrollada en nuestro país en Santa Fe y en Espana, de recurrir al voluntariado para generar la práctica de la MEDIACION VOLUNTARIA COMUNITARIA

Así como los BOMBEROS VOLUNTARIOS generaron por décadas ejemplos heroicos, de generosa entrega al sofocar incendios, también el incendio social del tratamiento de los problemas comunitarios en forma confrontativa, o la evitación del crecimiento de la conflictiva primaria, propiciando la gestión de conflictos en la comunidad, hace a la prevención y a la práctica de formas de resolución de problemas pacíficas y solidarias

Veamos las noticias que cuentan estas experiencias


SANTA FE


Comenzó la capacitación en mediación comunitaria

La iniciativa apunta a formar voluntarios que colaboren en la resolución de conflictos sociales generados en los vecindarios.

Comenzó hoy en la ciudad de Santa Fe la "Capacitación en mediación comunitaria" que tiene por objeto formar voluntarios que colaboren en la resolución de conflictos sociales que se generen en cada vecindario, a través de una red coordinada por la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia.

La actividad, llevada a cabo en el marco del Programa de Voluntariado de la Provincia de Santa Fe "Sumando Voluntades", fue presidida por el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca.

En la oportunidad, Cuenca destacó la importancia de esta línea de acción del Programa de Voluntariado y sostuvo que "la participación, el tiempo y el esfuerzo de los voluntarios nos ayudará a tener distintas visiones sobre una problemática y, sobre todo, a coordinar un trabajo en conjunto entre ciudadanos y Estado".

"La seguridad -prosiguió el ministro- la tenemos que hacer entre todos, no sólo la policía. Es importante salir del área exclusivamente "preventiva - policial" para que la gente participe, diagrame y peticione qué es lo que quiere para su barrio".

"La seguridad no es un problema de tácticas -explicó Cuenca-, no tiene recetas únicas, ni se resuelve de un día para el otro; por ello es bienvenida la participación de todos porque así vamos a ir procurando remedios que van a ser quizás la cobertura de una receta", manifestó Cuenca.

Participaron también de la capacitación el secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre; el jefe de la Policía de la provincia, Juan Luis Heck; el jefe de la Jefatura de Policía, Jorge Darío Gómez, entre otras autoridades.

La capacitación Durante la primera jornada de trabajo se informó a los voluntarios sobre las tareas que desempeña la Secretaría de Seguridad Comunitaria, como de los modos de resolución de conflictos, tipos y características de mediación, técnicas y herramientas comunicacionales, estrategias de intervención en el ámbito comunitario, detección y derivación de posibles conflictos y experiencias llevadas adelante desde el Ministerio de Seguridad.

La próxima reunión se llevará a cabo el lunes próximo, a partir de las 9, en el salón auditorio del Ministerio de Seguridad.
Fuente: http://www.sinmordaza.com/


VALENCIA ESPANA

"La crisis triplica el número de personas que se hacen voluntarias"

Los datos corresponden a los resultados del Servicio de Mediación de Fundar: un recurso gratuito para las ONG a través del cual pueden solicitar voluntarios "a medida" para que colaboren con su entidad. A su vez, este servicio facilita a las personas que se quieren hacer voluntarias la ONG que más se adapte a sus intereses, a sus horarios o a su disponibilidad.

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que la crisis económica "influye también en el sector de la solidaridad", ya que en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de este año se ha triplicado el número de personas que han tomado la decisión de hacerse voluntarias.

Mientras que en 2008, la media de altas de voluntariado al día era de 1,5, en los primeros tres meses del año, cuatro personas se han hecho voluntarias cada 24 horas. Todos estos son datos de Fundar, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado.

Blasco, en un comunicado, destacó que "en todo momento, la solidaridad de los valencianos es admirable, pero más aún en situaciones de crisis. Que una persona, en la coyuntura económica que vivimos, piense en dedicar parte de su tiempo a ayudar a los más desfavorecidos es un ejemplo de absoluta generosidad".

Así, el conseller afirmó que acciones como éstas "aportan más valor al movimiento altruista de la Comunitat Valenciana, que cuenta con más de 204.000 voluntarios".

Junto al aumento de personas que se han apuntado al voluntariado, también las ONG han experimentado un incremento en cuanto a demandas de personas. Así, durante este año, se ha duplicado el número de ONG que han solicitado voluntarios para ayudarles en sus tareas altruistas.

"Un incremento que responde a que el número de beneficiarios de las entidades va también en aumento, y muchas de ellas han visto sus servicios desbordados, como son las de acción social, volcadas en colectivos en riesgo de exclusión, personas sin techo o inmigrantes", explicó.

Por otro lado, indicó que las personas que se están acercando a la solidaridad durante este periodo de 2009 destacan por ser la primera vez que hacen voluntariado en su mayoría. Una característica que está presente en más del doble de los nuevos voluntarios si lo comparamos con el año anterior.

Además, los voluntarios de 18 a 30 años son los que más han aumentado con respecto a los primeros meses del año pasado, seguidos por los de 30 a 50 años.

Para completar el perfil de este colectivo, cabe mencionar que el sector que más ha crecido en el primer periodo del 2009 ha sido el de los voluntarios con estudios primarios, ya que la cantidad de voluntarios es cuatro veces mayor que en 2008.

El sector de preferencia de los nuevos voluntarios son las ONG que se dedican a la atención de los niños, seguidas por las que se centran en discapacitados, juventud, refugiados y mujeres. No obstante, el sector que mayor crecimiento ha experimentado frente al primer trimestre del 2008 es el de las asociaciones que destinan sus labores a mejorar la situación de los presos y ex reclusos, ya que en esta campo el número es cinco veces mayor al del año pasado.

Los datos corresponden a los resultados del Servicio de Mediación de Fundar: un recurso gratuito para las ONG a través del cual pueden solicitar voluntarios "a medida" para que colaboren con su entidad. A su vez, este servicio facilita a las personas que se quieren hacer voluntarias la ONG que más se adapte a sus intereses, a sus horarios o a su disponibilidad.

En la Comunitat Valenciana actualmente son más de 204.000 las personas voluntarias, de las cuales, la gran mayoría dedica su tiempo a las ONG de acción social (atención a colectivos vulnerables), seguido de entidades de protección de medioambiente y de cooperación internacional. Por sexos, el 67% del voluntariado autonómico son mujeres, frente al 36% de varones voluntarios.
http://www.europapress.es -20/04/09

domingo, 12 de abril de 2009

UN MEDIADOR CON PROPUESTAS

El paciente es persona no objeto mercantil

“Sin una tarjeta de crédito, el paciente no tiene posibilidades de recibir un tratamiento médico acorde a la ética, la moralidad y la responsabilidad en el área de la salud”.

Waldemar Zetina Castellanos,, sicólogo y abogado, es actualmente coordinador de la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la idea de escribir el Manual le surgió de la necesidad de contar con una normativa moral ante la deshumanización en que caído el sector público y privado de la salud

Con el propósito de crear conciencia en los operadores de salud, Waldemar Zetina Castellanos redactó el “Manual de los Derechos del Paciente”, el cual busca priorizar la orientación sobre la sanción, para que el enfermo sea visto como persona y no como objeto mercantil.

¿Cuáles son los derechos del paciente?
Partimos de los derechos propios e inherentes a la persona respecto de su libertad y capacidad de decidir sobre su enfermedad.
Un enfermo está limitado en su libertad por la enfermedad misma, está en cama todo el tiempo y entonces se vuelve vulnerable, más aún si la familia no tiene espacio ni recursos para atenderlo. Es ahí donde el médico y la familia apoyan al paciente a disminuir su dolor o angustia por la enfermedad que sufre.

¿Se respetan esos derechos?
Hay casos extremos en que la familia abandona al paciente en un hospital publico y no responde por él. En otros casos llevan al enfermo o anciano a un centro privado, donde las cuentas hospitalarias hacen que la familia enajene sus bienes para pagar esas deudas.
Debe hacer un equilibrio entre la salud como negocio y servicio a la persona humana.

¿Los hospitales respetan esos derechos ?
La rutina ha hecho que en los hospitales nacionales no se brinde atención adecuada, y en los centros privados, si no hay una tarjeta de crédito no hay tratamiento.
Entonces, el campo de la salud no es acorde a la ética, moralidad y responsabilidad de los operadores, cuya obligación es procurar el bienestar de las personas.

Usted toca aspectos como la eutanasia. ¿Si el paciente desea morir, cual es el papel del médico?
El médico no debe procurar la muerte, sino facilitar a través de la técnica y los avances científicos una muerte digna. La muerte es un proceso normal que forma parte de la vida, lo que no debe hacerse es propiciarla.
Cuando un paciente desea morir, sus defensas bajan hasta morir con dignidad, sin necesidad de acelerarla. Ahí el papel del médico es de acompañamiento, con bondad y comprensión.

¿Qué es una muerte digna?
Consiste en que la persona tenga hasta su muerte natural los cuidados necesarios en cuando al aspecto médico y en un lugar agradable.
Por parte de la familia, ésta debe hacerle sentirse amado, que su vida tuvo un gran valor y de mucho beneficio, para que la muerte no sea un proceso de temor y angustia

¿Se debe respetar la decisión de un paciente que pide se le retire equipo médico que lo mantiene con vida?
Es un punto no resuelto. Soy de la idea que si se conecta un paciente a un equipo que da vida artificial, no se le debe descononectar después.

¿Se debe mantener con vida a un paciente en estado vegetativo?
Se trata de una condición clínica de completa inconsciencia de sí mismo y del medio que lo rodea, sin responder a comportamientos voluntarios ni reflejos, pero el punto es que un enfermo terminal es y seguirá siendo persona hasta que la muerte suceda, y el médico debe brindarle tratamiento terapéutico para mejorar de la calidad de vida y de muerte.

¿Qué pasa si la familia pide acelerar la muerte de un paciente terminal ?
Es una conducta contradictoria, y es porque quienes padecen por la enfermedad no es el paciente sino los familiares quienes se desvelan, angustian y sienten que el enfermo les roba la paz y llegan a decir que si él muere tendrá tranquilidad, pero en realidad es la familia la que quiere esa tranquilidad.
Por eso es importante dar tratamiento sicológico a los familiares, para enfrentar esos momentos conflictivos y sean comprensivos con el enfermo.

¿Debe el médico decirle al paciente que va a morir ?
El médico evitará en sus actos, gestos y palabras, todo lo que pueda afectar el ánimo del paciente y deprimirlo o alarmarlo sin necesidad.
Si la enfermedad es grave o se teme un desenlace fatal, el médico decidirá a quién informar, pero se mantiene el deber de asistencia médica aun cuando se sepa que es incurable la enfermedad.

¿Cuáles son las normas éticas sobre el paciente terminal y sobre el cuidado del paciente crónico ?
Primero se debe diferenciar entre paciente incurable, de un paciente incurable en estado crítico y de uno en estado terminal.
En todas esas categorías prevalece el deber del médico de curar y, cuando sea posible, aliviar el sufrimiento y proteger los intereses del paciente. En ningún caso el médico está autorizado a abreviar o suprimir la vida de un paciente.

¿Que espera lograr con su libro ?
Lamentablemente la medicina ve al paciente como objeto mercantil y la familia vive agobiada porque lo ve como carga y eso nos exige volver a los principios de las leyes naturales de propiciar el bien y no hacer el mal; en ese aspecto, mentalizar la salud es maldad.
Por Alberto Ramírez E. http://www.prensalibre.com

martes, 7 de abril de 2009

CUANDO LA NECESIDAD DE CAPACITAR EN RESOLUCION DE CONFLICTOS DESPLIEGA LA IMAGINACION

CURSOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS PARA LA POLICIA DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias imparte dos cursos on line sobre resolución de conflictos y gestión de crisis para policías locales:'Resolución de conflictos: negociación y mediación' y 'Gestión de crisis en situaciones de emergencia',

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha los cursos 'Resolución de conflictos: negociación y mediación' y 'Gestión de crisis en situaciones de emergencia', que se imparten de forma on line a policías locales desde el 6 y hasta el 15 de abril, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Asimismo, la Academia Canaria de Seguridad, dirigida por Víctor Tomás Chinea Mendoza, ha ofertado 40 plazas para cada uno de estos cursos, que volverán a celebrarse el próximo mes de junio. En el primero de ellos, 'Resolución de conflictos: negociación y mediación', los policías aprenderán a reconocer e identificar los factores que promueven los conflictos, así como a manejar estas situaciones a través de la negociación y mediación, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia policial y una mejor atención al ciudadano.

El programa formativo de este curso, de 40 horas lectivas, se estructura en seis bloques temáticos que abarcan desde los aspectos emocionales del conflicto y la agresividad hasta las pautas y herramientas de solución mediante la negociación, mediación y arbitraje.

Por otro lado, un total de 40 policías locales de las Islas Canarias están participando en el curso de 'Gestión de crisis en situaciones de emergencias', que pretende proporcionar a los agentes las estrategias más adecuadas para gestionar emergencias de diversa índole, como accidentes, desastres naturales o terrorismo.

En el curso, de 40 horas lectivas, se abordan aspectos relativos a los tipos de situaciones de emergencia, los protocolos de actuación existentes, la importancia del trabajo en coordinación y los criterios preventivos que se pueden aplicar.

La Academia Canaria de Seguridad, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, impartirá en el primer semestre del año un total de cinco cursos en la modalidad on line, con los que se pretende acceder a un mayor número de destinatarios con una formación de calidad. Entre los cursos que se ofertarán a través de la red se encuentran los de informática básica, formador de formadores y policía turística.

La plataforma de teleformación de la Academia Canaria de Seguridad, creada a finales de 2008 y en pleno funcionamiento desde este año, ofrece una atención individualizada a los alumnos, que pueden acceder de una manera interactiva al foro y a los supuestos prácticos que se plantean a lo largo de los diferentes bloques temáticos.

Además de los cursos on line, la institución impartirá un centenar de cursos en el primer semestre del año, en los que se ofertarán más de 2.000 plazas a los agentes de seguridad y emergencias de las Islas Canarias.

Se intensificará la formación de los policías locales sobre la protección del medio ambiente, inmigración, violencia de género y las funciones de policía judicial, con una oferta de 500 plazas dentro de las 1.749 dirigidas a las policías locales de Canarias.

"Mediación" y "Euro-Social Justicia Argentina"

INTRODUCCION

Investigando entre colegas y amigos, pocos conocen los avances que se consesuan, en materia judicial, a traves de la unión de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas-

Desarrollo esta noticia (http://redesalternativas.com.ar/noticias) a los efectos de difundir su alcance, directamente vinculado a la inserción institucional de la mediacion, en diversas temáticas, por el Poder Judicial de muchas provincias, coordinando acciones con paises de Latinoamerica y Europa

LA JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y


El Ministro del Superior Tribunal de Justicia Fernando Niz fue ratificado como Presidente del "Euro-Social Justicia Argentina" y "Mediación" -2 comisiones claves de la institución que agrupa a Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas- en un importante acto desarrollado días atrás.

Al mismo, asistieron el titular de la JuFeJus Rafael Gutierrez; el Primer Presidente de la Corte de Apelaciones de Toulouse (Francia) Jaques Nunes; el Consejero de Relaciones Internacionales del Reino de España Jorge Carrera Doménech entre otros referentes judiciales nacionales; y por Corrientes estuvieron también el Fiscal de Estado Fernando Carbajal y los magistrados Gabriela Aromí de Sommer y Gustavo Sanchez Mariño.

La decisión adoptada se conoció en el marco del cierre del "Programa de Intercambio de Euro-Social Reflexión y valoración de la actividad desarrollada. Acceso a la Justicia de los sectores menos favorecidos", realizado en la sede de JufeJus, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril pasado.

Posterior a esta actividad, el Ministro correntino asistió a la recepción de Honor brindada en la Embajada de Francia, a la que fuera invitado especialmente por el Embajador Fréderic Baleine du Laurens.

Vale mencionar que la comisión de Euro-Social está integrada además por el Ministro del STJ de Formosa Ariel Gustavo Coll -Secretario-, el Ministro del STJ de Córdoba Domingo Juan Sesín, el Ministro del STJ de Mendoza Jorge Horacio Nanclares y por la Ministra del STJ Chaco María Luisa Lucas; quienes se desempeñarán como Vocales.
En el acto protocolar de rigor se destacó la voluntad política institucional de continuar trabajando con los mismos actores de la JuFeJus a través del Euro-social, siendo su importancia en la actualidad y trascendencia en el tiempo, motivo de diálogo entre los correntinos citados con la Viceministro de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco; la Defensora de la Nación Stella Maris Martinez; y el embajador de la Unión Europea Gustavo Martín Prada quienes expresaron su complacencia con todo lo actuado hasta el momento.

Cabe resaltar que el Euro-Social es una iniciativa de cooperación técnica entre la Unión Europea y América Latina, para promover la cohesión social en América Latina a través del intercambio de experiencias entre administraciones públicas responsables de la administración de la justicia, la educación, el empleo y la salud. Su objetivo es fortalecer capacidades institucionales de gestión de políticas públicas en estos sectores para transformarlas en auténticos vectores de cohesión social.

Con el apoyo político del mas alto nivel de parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de America Latina y Europa, concretamente desde la celebración de la VI Cumbre de la Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en Viena en el 2006, el Programa Eurosocial tuvo como pretensión convertirse a mediano plazo en uno de los principales ejes de la relación entre ambas regiones.

No menos importante es la comisión de Mediación, donde Niz hace varios años se viene desempeñando con rotundo éxito en toda la provincia. En esta comisión lo acompaña, entre otros la Ministra de Córdoba Maria Esther Cafure.
Informe correntino

En la oportunidad, los correntinos explicaron lo realizado en su Provincia en el contexto del tema "Adolescentes en conflicto con la Ley Penal y Víctimas de Delitos".

La delegación se conformó con el representante del Poder Ejecutivo Fernando Carbajal, Fiscal de Estado de la Provincia ; Gustavo Sebastián Sanchez Mariño, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral; y Gabriela Aromí de Sommer, Juez Correccional nº 1.

En este contexto la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -JUFEJUS- tendrá un papel protagónico en la fase de la replicabilidad y sostenibilidad de la experiencia piloto. "En la Provincia de Corrientes, se identifica al Dr. Fernando Augusto NIz, Ministro que representa al STJ de Corrientes ante JUFEJUS, como nexo con esa institución", reza un párrafo del informe esbozado en la revista del Informe Final de las Transferencias e intercambio de experiencias, publicación de La Ley distribuido en el acontecimiento.

JuFeJus
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) es una entidad federal que nuclea a todos los miembros en ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas que la componen, congregando así a los ministros integrantes de las cabezas de los Poderes Judiciales Provinciales de nuestro país. Nació en 1994, a partir de los debates que pusieron en la superficie el reconocimiento de las limitaciones y deficiencias que tienen los sistemas judiciales.

Entre sus objetivos principales se cuentan: Preservar la independencia de los Poderes Judiciales Provinciales; Propiciar el reconocimiento del Poder Judicial como contralor de los otros poderes y garante de la seguridad jurídica de la sociedad, dentro de la organización federal y republicana que determina la autonomía de los veintitrés estados provinciales; Resaltar el rol de los Poderes Judiciales como hacedores de las políticas judiciales, y en función de ello promover disposiciones acordes con el sistema democrático en lo concerniente a la designación y remoción de los jueces, entre tantos otros.

El referente de esta entidad en Corrientes es el Ministro Fernando Niz, presidiendo dos comisiones, e integrando dos más. Hace poco tiempo, el STJ de Corrientes nominó para su integración al Dr. Guillermo Semhan, quien podrá sumarse si lo desea a lo ya establecido en las Comisiones conformadas hace algunos días.

jueves, 2 de abril de 2009

LA MEDIACION COMUNITARIA- HERRAMIENTA DE PAZ SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS

Tan solo como un ejemplo que no es apreciado por nuestros políticos de Mendoza, sintetizo algunas experiencias nacionales e internacionales, del año 2009, que nos ilustran al respecto:


Rawson –Chubut- Argentina


En Rawson, Chubut se realiza la primera etapa de la Mediación Comunitaria, que consiste en explicar a la población los objetivos y características del proyecto,
como herramienta de solución de conflictos.
La iniciativa depende de la Secretaría de Familia y Promoción
La funcionaria Patricia López explica que "es fundamental que la gente empiece a conocer que hay otra alternativa para resolver los conflictos, no es necesario esperar que el problema se agrave sino que, conociendo esta medida, cuando surge el problema un tercero neutral puede resolverlo",

La coordinadora dijo que una de las partes de este proyecto comprende la capacitación de quienes cumplirán el rol de mediadores.
Puntualizó que luego de la etapa destinada a dar a conocer la herramienta de mediación en cada uno de los barrios se continuará con "la misión de formar centros de mediación en los propios barrios para que los vecinos, ante cualquier situación que altere la convivencia sepan que pueden concurrir a un lugar donde habrá un tercero neutral que les ayudará a buscar una alternativa de solución",
(ver www.redesalternativas.com.ar – Mediación- Difusión popular del método).


SALTA ARGENTINA


En el marco de un proyecto salteño de desarrollo de centros de mediación comunitarias fueron inaugurados Centro de Mediación Comunitaria en La Caldera y Vaqueros por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Francisco Kosiner, el martes 31 de marzo, para ir cumplimentando la habilitación de los mismos en distintos puntos de la provincia.

Los mediadores fueron instruidos con herramientas de utilidad para poder resolver los posibles problemas de la ciudadanía como también de cada municipio.

En la misma línea de desarrollo de la mediación comunitaria se inauguró en Rosario de Lerma otro centro comunitarios

La idea fundamental es aplicar la mediación comunitaria en toda la provincia y quienes habitan la geografía salteña tienen el derecho de acceso a la Justicia, premisa fundamental del gobernador Juan Manuel Urtubey.

Entre las ventajas que brindará la mediación a los ciudadanos pueden resaltarse el tiempo, por cuanto el procedimiento será rápido y sencillo, su gratuidad, brindando grandes beneficios a quienes eventualmente tengan que solucionar conflictos.

Con anterioridad se inauguraron cinco Centros en Capital, luego el de Cerrillos, Rosario de la Frontera y ahora le toca el turno a Rosario de Lerma, para continuar en los próximos días con los centros comunitarios en las localidades de San Carlos, Cafayate y Animaná.

Los centros de mediación se abrirán en todos los municipios de la provincia, según un anuncio realizado durante el acto por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner.

Las autoridades destacaron la importancia de la mediación como una herramienta o instrumento social para recuperar el marco del diálogo y consenso.

Desde la secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Salta, a cargo de Ivette Dousset, se informó que comenzarán a funcionar la semana venidera en los cinco centros integrales comunitarios (CIC) distribuidos en los barrios Santa Cecilia, Solidaridad, Constitución, Asunción y Unión.

El proceso comenzó con la firma de un convenio por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey para la habilitación de Centros Comunitarios de Mediación. El convenio fue elaborado por un equipo técnico de profesionales de la secretaría de Justicia y está basado en lo que especifica la Ley 7.324, que establece la instancia de mediación previa y obligatoria a todo juicio.

"Con esto intentaremos descomprimir el Poder Judicial porque es una herramienta que dio grandes resultados en muchos lugares del mundo, ya que la justicia se cumple cuando se arriman posiciones cumpliendo con la función del mediador", dijo Kosiner.

En este momento, el Gobierno brinda capacitación a los mediadores que prestarán sus servicios en cada municipio salteño, y en este sentido, esta mañana se entregaron a los mediadores capitalinos una carpeta guía para la función social que deberán desempeñar.

Estuvieron presentes los ministros Julio Nasser y Nora Giménez, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Trabajo y Previsión Social, respectivamente.

(ver www.redesalternativas.com.ar -CENTROS INTEGRACION COMUNITARIA Y DE MEDIACION. NUEVOS) “CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIO EN ROSARIO DE LERMA” y “CENTROS DE MEDIACION INAUGURADOS EN SALTA”)


RIO NEGRO BARILOCHE -


La Municipalidad prevé la instalación de un Centro de Mediaciones

El Subsecretario de Relaciones Institucionales de la comuna, Oscar Zamora, participó del cierre de actividades de las Jornadas de Capacitación Comunitaria realizadas en nuestra ciudad. Anticipó la intención de establecer un Centro de Mediaciones Comunitarias.

El día sábado concluyeron las Jornadas de Capacitación para mediadores comunitarios que se desarrollaron en nuestra ciudad desde el mes de junio del pasado año. Las mismas se realizaron en el marco de las acciones implementadas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante un convenio realizado con el gobierno provincial.

En las Jornadas se registraron un total de 30 personas, entre los que se destacaron empleados municipales, docentes, policías e incluso asistentes sociales.
Es por ello que para el cierre de las mismas, se hicieron presentes la directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Dra. María Marcela Uthurralt, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Provincia de Río Negro, Juan Carlos Vallés, y el subsecretario de Relaciones Institucionales de la comuna, Oscar Zamora.

Zamora -a través de una gacetilla de prensa- destacó el interés del Municipio en trabajar para la puesta en funcionamiento de un Centro de Mediación Comunitaria en la ciudad, "razón por la cual se están confeccionando los últimos detalles para la presentación de la Ordenanza en el Concejo Deliberante".
"La forma de implementarla es a través de un convenio con la provincia, en el que la Municipalidad brindaría un espacio físico y la provincia absorbería a los mediadores involucrados", aclaró Zamora.

De esta forma, el Municipio sería el receptor de los conflictos por las partes o a través de las derivaciones que pudieran realizar la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna o cualquier tipo de institución u organismo en la ciudad.
Por su parte, la Dra. Uthurralt destacó la importancia de estos Centros ya que "a veces por cuestiones de montos la gente no puede acceder al sistema judicial, por lo que se intenta brindar herramientas en un lugar con mediadores neutrales que intentarán acompañarlos en la resolución de sus conflictos".
"El porcentaje es altísimo en cuanto a resolución de conflictos, incluso en las mediaciones pre judiciales. Si bien a veces se puede llegar a un acuerdo o no, los índices de concurrencia continúan siendo altos", explicó la Dra. Uthurralt acerca de las experiencias en otros puntos del país.
En cuanto a los resultados esperados, Zamora
se refirió acerca de la importancia de los acuerdos que se logren entre las partes, ya que "si se resolvió algo conveniente para las partes, seguramente a lo largo del tiempo tendrá mucha más durabilidad y aceptación este acuerdo, beneficiando claramente a las relaciones entre nuestros vecinos".
(ver www.redesalternativas.com.ar “CENTRO COMUNITARIO EN BARILOCHE)


SANTA FE - El Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo


El Centro de Mediación y Resolución de Conflictos "Dr. Pablo Benetti Aprosio", dependiente de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, recibió el año pasado un 15 por ciento más de casos que en 2007. El mayor número de mediaciones fue de orden comunitario, las cuales fueron seguidas por las comerciales, las de familia y las relacionadas con la salud, tal como venía sucediendo en los años precedentes. Asimismo, durante 2008, el Centro continuó con sus cursos de capacitación, a los que asistieron unas ciento cincuenta personas entre Rosario y Santa Fe.
"En lo que se refiere al desarrollo diario, podemos ver que la actividad va en permanente aumento en cuanto a la cantidad y complejidad de los casos traídos a mediación", explicó Víctor Jorge Jaef, director del Centro de Mediación, quien remarcó que se ha "tenido un importante crecimiento con excelentes resultados en casi todos los casos abordados".

A modo de ejemplo, Jaef mencionó que, a pedido del Poder Judicial de la Provincia, el Centro participó de una mediación en el caso del Lavadero Virasoro con resultado satisfactorio.

También recordó que intervino en el conflicto por las Areneras de Granadero Baigorria a solicitud de los vecinos y con la participación de los titulares de las areneras y miembros del gobierno comunal. "También en ese caso se llegó a un acuerdo", precisó el especialista.

Al mismo tiempo, citó como otra muestra de mediación exitosa la tarea realizada luego de que vecinos de Granadero Baigorria acudieran a la Defensoría del Pueblo porque no podían acceder a la provisión del servicio eléctrico. En ese caso, se trataba de ciudadanos que habían comprado terrenos en un loteo y, cuando solicitaron el servicio a la EPE, la empresa les contestó que no podía proveerlo por no poseer el tendido de la línea ni los transformadores correspondientes. Gracias a la actuación del Centro este conflicto también se pudo solucionar.

Uno de los casos atendidos por el Centro que más trascendencia pública tuvo el año pasado fue la mediación que se realizó entre los movimientos sociales que estaban acampando en la Plaza San Martín, funcionarios de los gobiernos municipal, provincial y nacional y representantes de los vecinos (quienes habían pedido la intervención de la Defensoría). En esta ocasión, no se logró llegar a un acuerdo en las reuniones que se realizaron en el Centro, aunque éstas sentaron las bases para el convenio que se firmó a los pocos días de terminada su intervención. "Cabe recordar que éste fue un «leading case» a nivel nacional, ya que por primera vez todos los estamentos del Estado participaron de una mediación con grupos «piqueteros»", señaló Jaef.

Finalmente, el titular del Centro recordó que también tuvo resultado positivo una mediación solicitada por el presidente comunal de Andino, quien convocó a los especialistas de la Defensoría del Pueblo ante el requerimiento de un grupo de vecinos que se oponían a la instalación de una antena de telefonía celular.

Por otra parte, Jaef señaló que el año pasado el Centro de Mediación continuó con su "permanente actividad académica y realizó cursos de capacitación de mediadores a los que asistieron más de ciento cincuenta alumnos entre Rosario y Santa Fe". "También se dictaron charlas de mediación a docentes y no docentes en las distintas localidades de la Provincia, adonde los especialistas fueron invitados por el Ministerio de Educación", agregó el director del Centro de Mediación, quien precisó que a esas jornadas asistieron más de doscientas personas. Asimismo, se dictaron charlas informativas en las distintas delegaciones y en la misma Defensoria del Pueblo a fin de explicar la forma de aplicación e implementación de las nuevas técnicas de resolución de conflictos: facilitación y conciliación, las cuales están siendo utilizadas exitosamente.

Finalmente, desde el Centro se organizaron las Segundas Jornadas de Mediación Comunitaria, que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario el 7 de julio de 2008, con la participación de más de 100 mediadores comunitarios de Centros de Mediación dependientes de Defensorías del Pueblo de todo el país.

Qué es el Centro de Mediación
El Centro de Mediación "Dr. Pablo Benetti Aprosio", dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, es un órgano que ofrece una vía alternativa para la resolución de conflictos.

El mismo cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Justicia de la Nación como Escuela de Capacitación y Pasantías por la Resolución Nº 188/96, constituyéndose en el primer centro de mediación comunitaria del interior del país. Asimismo, mediante un convenio con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe, (Resolución Nº 1368/96), se le otorgó la máxima calificación en la capacitación de los mediadores privados, como también a las pasantías realizadas en el mismo.
La mediación es una forma de resolución de conflictos alternativa a la vía judicial, y que puede abordar una amplia gama de problemáticas, entre las que se destacan temas comunitarios, comerciales, familiares, educativos, de salud, de daños y perjuicios, laborales, penales, de discriminación y de políticas públicas, entre otros.

Las ventajas de la mediación como forma de resolución alternativa de conflictos son que el procedimiento es voluntario, extrajudicial, informal, veloz, confidencial, gratuito y conducido por un tercero imparcial, especialmente capacitado para facilitar la comunicación entre las partes, para que ellas mismas, luego de una o varias reuniones, puedan lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. El acuerdo alcanzado tiene el valor de un convenio privado entre las partes, pudiendo ser posteriormente homologado judicialmente.

De no arribarse a ninguna solución aceptable, cualquiera de las partes puede dar por finalizado el procedimiento de mediación cuando así lo decida, destruyéndose toda nota o apunte que pudiera haberse tomado sobre el caso a fin de preservar la confidencialidad.


(ver www.redesalternativas.com.ar “El Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo atendió un 15 por ciento más de casos en 2008”)


MEXICO


En México se desarrolla, propiciado por el Tribunal Superior de Justicia la difusión al público usuario, de los servicios del Centro de Justicia Alternativa,.

De acuerdo con el convenio, la capacitación para sensibilizar al personal que actualmente brinda atención y orientación jurídica vía telefónica hará énfasis en el tema de la mediación y promoverá la solución de conflictos entre particulares, para evitar que los mismos lleguen a tribunales
Asimismo en Pachuca, Hidalgo, c on el objeto de evitar que los conflictos entre particulares crezcan desmesuradamente y terminen en largos y costosos litigios, actualmente se impulsa la justicia municipal y la justicia alternativa en gran parte del territorio estatal, expresó el titular del Poder Judicial de Hidalgo, Lucas Gonzáles López.
Comentó que ya se disponen de cinco centros regionales de Justicia Alternativa que se ubican en Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Huejutla y Tenango de Doria.
Además, se tiene proyectado instalar uno más en el distrito judicial de Tula.
El magistrado expresó que la ley respectiva prevé que el Tribunal Superior de Justicia pueda convenir con los ayuntamientos para que instalen en los municipios centros de mediación y conciliación municipal.
Explicó que los alcaldes proponen a los funcionarios que encabezarán esas instituciones, quienes son debidamente capacitados y aprobados por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, siempre y cuando reúnan los requisitos adecuados para que se conduzcan como buenos mediadores y concertadores.
De esta forma se está propiciando que el Poder Judicial acerque más la justicia a la población en general.
En los juzgados conciliadores municipales y en los centros de justicia alternativa se pueden solventar diversos conflictos, incluso de poca cuantía y cuando los acuerdos no afecten a terceros ni vayan en contra del interés publico.
Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando se hace un deslinde de terrenos, las partes no pueden acordar tomar parte de la vía pública o del predio de un vecino, pues se estarían afectando intereses distintos a los que tienen derecho.
Lucas Gonzáles manifestó que es muy importante que los municipios dispongan de estas instancias de amigable composición, a efecto de que los pequeños problemas no se conviertan en grandes conflictos entre particulares, familiares, vecinos.
También se pueden dirimir en esas instancias asuntos de carácter penal, siempre y cuando se trate de delitos no graves que se persiguen a petición de parte.
Mencionó que en el caso de los centros de justicia alternativa, todos los convenios que se firman en su interior tienen el carácter de cosa juzgada, como si se tratara de la sentencia de un juez y ante el incumplimiento, se puede demandar la ejecución
(ver www.redesalternativas.com.ar -“MEDIACION- DIFUSION A LOS USUARIOS” y LA MEDIACION MUNICIPAL Y LA JUSTICIA DE PAZ HERMOSO EJEMPLO MEXICANO PARA MENDOZA”)


ESPAÑA CENTROS DEL VOLUNTARIADO Y MEDIACION

La Comunidad Valenciana cuenta con la mayor Red de Centros del Voluntariado de toda España, que tiene como características fundamentales la descentralización de sus recursos y servicios para lograr la mejor atención en el mayor número de municipios y comarcas a todas aquellas personas que quieren ayudar a los más desfavorecidos.
Segùn un funcionario, Blasco “la Comunitat Valenciana es hoy un claro ejemplo del compromiso del Consell con aquellos que ayudan a los colectivos más desfavorecidos, y se sitúa a la vanguardia del altruismo. Queremos municipalizar la solidaridad, de modo que las personas de una localidad o de una comarca concreta puedan ayudar a las ONG de su entorno".

Un Centro Fundar es un punto de encuentro entre voluntarios, ONG y personas que quieren acercarse a la solidaridad.

En estos espacios pueden encontrar información sobre el tejido asociativo del municipio, distintas acciones de formación para el voluntariado, ayuda para la búsqueda de voluntarios y asesoramiento sobre cuestiones jurídicas, entre otros servicios.

En estos momentos, 40 localidades de la Comunitat Valenciana cuentan con un centro de voluntariado. En la provincia de Castellón hay 9: en Vinarós, Benicarlo, Onda, La Vall d'Uixó, Penyíscola, Segorbe, Alcalà de Xivert, Vila-Real y Castellón. En Alicante, existen 13 Centros Fundar, en la capital, Alcoi, Benidorm, Calpe, Villena, Elda, Novelda, Aspe, Formentera del Segura, Callosa d'En Sarriá, Crevillente, Orihuela y Torrevieja. La provincia de Valencia cuenta con 18 de estos centros de voluntariado. Se encuentran en la capital, Gandia, Xativa, Torrent, Paterna, Manises, Llíria, Torrebaja, Chiva, Foios, Meliana, Faura, Benaguasil, Oliva, La Pobla Llarga, Bunyol, Alzira y Ontinyent.

La finalidad de estos 40 Centros del Voluntariado es ofrecer espacios de comunicación, trabajo y encuentro entre las organizaciones del voluntariado y la ciudadanía, así como acercar los servicios de Fundar a las distintas comarcas de la Comunitat Valenciana.

Junto a este centro de voluntariado, Blasco y Mateo han inaugurado una Agencia AMICS destinada al colectivo inmigrante. Con la apertura en Torrevieja, existen oficinas de este tipo en 45 localidades de la Comunitat Valenciana. El objetivo de estas agencias de mediación es integrar a la población extranjera residente en los distintos municipios y facilitarles la resolución de cuestiones relacionadas con el trabajo, la residencia, la sanidad o la educación.

Para el conseller Blasco "la labor de las Agencias de Integración cobra aún más importancia en la situación económica que estamos atravesando. Estos centros facilitan a las personas inmigrantes su inserción sociolaboral, además de asesorarles y orientarles en la resolución de cuestiones relacionadas con el trabajo, residencia, sanidad o educación".

Una Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social es una oficina que ofrece a los inmigrantes servicios de información, mediación, asesoramiento y orientación en varias materias. Las AMICS también hacen hincapié en la necesidad del empadronamiento y en el ámbito administrativo ofrecen asesoramiento sobre los trámites a seguir en relación a la nacionalidad, revisión de tarjetas, reagrupación familiar, visado de estudios, arraigo social y autorizaciones de trabajo.

En la actualidad hay en funcionamiento 45 Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS). De ellas, 15 están localizadas en la provincia de Alicante, 9 en Castellón y 21 en Valencia. "El Consell ha dado un gran impulso a la creación de estos centros, considerados como herramienta clave dentro de las políticas en materia de integración y respondiendo al crecimiento de la población inmigrante en la Comunitat", ha explicado Blasco.

(www.redesalternativas “Centros del Voluntariado La mayor red de Europa en Valencia. Lindo ejemplo para nuestra dormida política social mendocina”)

ECUADOR Centros de mediación social

El Gobierno de Ecuador y delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron en Quito establecer los parámetros para la creación de tres centros de mediación, que contarán con un aporte de 250.000 dólares del organismo internacional, informó hoy la Procuraduría.
Según un comunicado, el procurador de Ecuador, Diego García, se reunió ayer con Pedro Vuskovic, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, y Antonio Araníbar, representante de ese organismo en el país, y "establecieron los parámetros" para la creación de los centros.
Los centros de mediación que se establecerán inicialmente en las ciudades de Esmeraldas (Costa), Tulcán (Sierra) y Lago Agrio (Amazonía) contarán con un aporte de 250.000 dólares suscrito por la OEA en diciembre pasado, precisa el documento.
Los centros, que estarán en funcionamiento en tres meses, están "orientados a difundir y establecer el uso de la mediación social en el país, como una herramienta eficaz para disminuir los índices de conflictividad social y descongestionar la administración de justicia en el Ecuador", agregó la fuente.
El proyecto corresponde al plan operativo suscrito el 19 de noviembre de 2008, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador, Cooperación española y la Secretaría General de la OEA, precisa el comunicado.
Por su parte, Vuskovic destacó que existe el proyecto de que se construyan otros centros de mediación a nivel nacional.
"Nuestra misión es fortalecer las instituciones del Estado", señaló Vuskovic, "quien no descartó nuevos apoyos para este fin" agrega el texto. EFE
(www.redesalternativas Centros de mediación social acuerdo Ecuador - OEA inversión U$ 250000)


BOLIVIA - Mediación y justicia


Acaba de ponerse en marcha el mecanismo de aplicación de la nueva Constitución de Bolivia. Es novedosa en numerosos aspectos. El proceso de construcción de la Carta Magna fue intenso y con la participación de representantes de cada uno de los sectores de la sociedad boliviana.
Una de las instituciones de la sociedad civil que más activamente participó de aquel proceso fue el Centro de Justicia y Participación, el CEJIP. Con sede en La Paz, extendió su labor hacia Sucre, la ciudad que fue sede de la tarea constituyente.

La nueva "ley de leyes" incorpora conceptos provenientes de las ancestrales experiencias de los pueblos originarios. Tal vez esto sea, en materia de Justicia, el mayor desafío y, a la vez, la mayor duda de parte de quienes no vivimos en ese contexto.

Por eso hablamos con un experto: Enrique MacLean Soruco. Se trata de un joven jurista que integra el CEJIP. Aquí su análisis preciso:

¿En qué cambia la nueva Constitución boliviana el acceso a la justicia por parte de la población?
-Desde un punto de vista meramente orgánico el reconocimiento de la justicia comunitaria originaria campesina como un brazo legítimo y paralelo de la administración de justicia, es un mecanismo de presencia de los servicios judiciales en áreas rurales. Sin embargo, la cantidad y distribución territorial de los órganos de administración de justicia (tanto ordinaria como comunitaria) no están regulados constitucionalmente, por tanto el acceso a la justicia dependerá mucho de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Deslinde Jurisdiccional todavía pendiente de aprobación. El tema de acceso a la justicia, si se lo entiende no solamente en función a la cantidad y distribución territorial de tribunales, sino a la posibilidad real de la persona de pedir a un tercero imparcial la decisión sobre una controversia concreta, de forma transparente y oportuna, sin importar su situación social o económica, es un tema que escapa lo normativo por tanto, un problema que está fuera del alcance de la Constitución.

¿Cree que se producirá un avance en la materia?
- Hablar de mi creencia personal sobre lo que sucederá en el futuro sería como hablar de una sensación térmica imprecisa. Si creo que las bases normativas están dadas para un cambio positivo y que depende mucho de un cambio de actitud política y gremial de los abogados jueces y litigantes para que el cambio se de.

¿En qué sentido?
- Se pueden aprovechar muchas novedades de la Constitución aprobada para superar problemas pasados de la administración de justicia. Es alentador ver que la nueva Constitución permite la desconcentración de la justicia contencioso administrativa -litigación contra el Estado- , la institución de la oralidad como principio rector de la jurisdicción ordinaria, la legitimación de la autoridad judicial a través del voto informado, entre otras ventajas. Mi único temor es que persista la tendencia burocratizante y elitizante de la justicia como se la administró hasta ahora, con lo cual se podrían contaminar y distorsionar los importantes principios orientadores previstos en la NCPE. Otro posible obstáculo al avance en la modernización de la justicia es la conjunción de un ánimo de confrontación del gobierno con las autoridades judiciales -persecución a jueces que pronuncien fallos contrarios a los intereses del gobierno o desacato a sus resoluciones- combinada con un distanciamiento de la sociedad con el rol del juez. La imagen institucional del Poder Judicial está tan deteriorada que son casi inexistentes los grupos o asociaciones de personas capaces de generar un movimiento de defensa a su función y a la necesidad de su independencia. Todo el gremio de jueces debe hacer un intenso trabajo para aprovechar la nueva CPE y mostrar que el Poder Judicial puede proveer servicios creíbles, eficientes y oportunos a los sectores más necesitados de esta sociedad como forma de combatir las justificadas críticas que se hace a su desempeño actual.

¿Queda instituida la justicia comunitaria?
- Más que instituida, yo diría que queda reconocida normativamente con mayor importancia que la regulación legal previa -el procedimiento penal actual reconoce la justicia comunitaria como una salida alternativa al juicio, dentro del marco de la Constitución, pero nunca se establecieron criterios suficientes de deslinde de una jurisdicción con la otra-. El abandono del Poder Judicial en áreas rurales ha generado una necesidad de crear instancias de resolución de conflictos basadas en las costumbres culturales de los campesinos del país. El abandono no solamente es estatal, sino también mediático porque no es raro ver en la prensa analogías sensacionalistas entre los linchamientos urbanos y la justicia comunitaria, que tiende a ser mediadora, resarcitoria y excepcionalmente punitiva.

¿Podría explicar antecedentes y en qué consiste?
- En áreas rurales existen diversos mecanismos de solución de conflictos sin intervención de autoridades judiciales. Muchos de estos mecanismos tienen origen en las costumbres sociales y religiosas del grupo social que instituye el mecanismos de justicia comunitaria. En área rural la conflictividad por lo general se presenta en temas de tierras, tenencia de animales, deudas y conflictos de relacionamiento. En el área andina, por ejemplo, conozco de sistemas de justicia comunitaria que, en poblaciones chicas, operan convocando a toda la comunidad a crear un gran tribunal comunitario, presidido por un líder (mallku) para decidir sobre límites de parcelas, sanciones a personas que perturben la paz y la armonía, y formas de resarcimiento de daños previos causados. Este sin embargo es un ejemplo aislado de muchas otras formas de justicia comunitaria de mediación y resarcimiento que deberían explorarse con más seriedad ahora que existe regulación constitucional formal para la aplicabilidad obligatoria de los fallos de tribunales comunitarios. De cualquier manera, creo que es sumamente irresponsable confundir la justicia comunitaria como fenómeno social-rural con los linchamientos de crónica roja.

¿No considera que muchos de los cambios en lugar de representar un progreso son un retroceso al pasado?
- Personalmente creo que los retrocesos se deben medir más en función de resultados que de cronología. Si en el pasado se han dado experiencias que dieron resultados positivos, debería considerarse un retroceso la indiferencia a dichas experiencias. También considero un retroceso la instalación de discursos dirigidos notoriamente a provocar miedo e inseguridad, en vez de permitir un debate abierto e incluyente sobre los temas que generan preocupación (entre ellos la justicia comunitaria). La administración de justicia boliviana se ha quedado estancada en cuanto a las necesidades de la sociedad. La Nueva Constitución, aplicada con creatividad y en un espíritu de generar mejores servicios judiciales puede ser una oportunidad para avanzar en la modernización y legitimación de la justicia ante los ciudadanos que ahora la toman como un órgano frívolo y distante de sus necesidades. Nuevamente, esto depende más de la idoneidad de quienes estarán llamados a aplicarla, más que de su texto. El retroceso si se dá, será siempre responsabilidad de las personas, no de las leyes.

¿No habrá una justicia digamos "occidental" para las grandes empresas y sectores más acomodados y una justicia diferencial para el resto?
- Las empresas y los sectores más acomodados de la sociedad no viven en una situación de privilegio gracias a la división de dos jurisdicciones, una ordinaria u otra comunitaria, división que en la práctica ha existido y ha estado funcionando, aún a espaldas de la insuficiencia normativa. La situación de privilegio de los sectores favorecidos se potenció históricamente -junto a muchos otros factores- por la complicidad de la clase política, con el gremio de abogados y los administradores de justicia para convertir los procedimientos judiciales en tortuosos calvarios inaccesibles al ciudadano promedio. El calvario de la justicia fue administrado como una ruta interminable cuesta arriba cuyos peajes se almacenaban en los bolsillos de abogados y jueces, sin ofrecer un mínimo de igualidad de condiciones, calidad, credibilidad y eficiencia. No extraña entonces que, en este momento político, el Poder Judicial no tenga aliados en los grupos sociales para defenderse contra los ataques del Poder Ejecutivo. Sin duda, esta es una oportunidad para reformular las reglas de juego en la administración de justicia, e iniciar un proceso de redención para los gremios culpables del deterioro del sistema.

¿Cree que será aplicable en el mediano plazo la nueva Constitución?
- Creo que la preocupación esencial del oficialismo y la oposición es definir el esqueleto orgánico del Estado, como se distribuirán las nuevas cuotas de poder, cuanto espacio ocupará cada fuerza política, cuantos cargos podrán repartirse entre cuantas personas, etc. Esas son cuestiones meramente burocráticas y electoralistas sobre las cuales no amerita discutir si se aplicarán a corto, mediano o largo plazo.
La parte esencial de una Constitución no son las reglas de funcionamiento de los órganos del Estado. La parte esencial de toda Constitución es la realización de los derechos y necesidades de los seres humanos por ella amparados (aunque esta afirmación suene muy amplia, no existe otra forma de justificar una Constitución si no es precisamente el grupo de personas que la justifican: el pueblo) Estamos ante una situación de déficit en las filas del oficialismo en cuanto a capacidad de gestión y administración inteligente de los recursos del Estado para solucionar los problemas de la población. Tampoco existe una oposición orientadora, propositiva y constructiva. En base a la experiencia de estos tres años pasados -y de la conducta política precedente en Bolivia desde la fundación hasta hoy-, es muy posible que la Constitución se aplique en lo órganico en el corto y mediano plazo, pero el largo plazo llegue anticipadamente sin que la situación de la mayoría de los bolivianos haya mejorado su calidad de vida desde que se inició el llamado proceso de cambio -aunque el gobierno insista en crear bonos, rentas y otro tipo de limosnas pecuniarias para encubrir su fracaso de gestión-.
De cualquier forma, sería inconsecuente de mi parte asumir una posición únicamente crítica ahora que el proceso de transición se está iniciando. La aplicación de la nueva Constitución implica necesariamente replantear los objetivos, participar en espacios de discusión y consenso de ideas, para crear soluciones desde la sociedad civil o desde el Estado. Lo anterior nos obliga a dialogar, a no olvidar el pasado, pero aprender a superarlo, y así construir un sistema de justicia renovado y con los dos pies plantados en la realidad de los más sufridos, con quienes el Estado Boliviano está en enorme deuda.
(www.redesalternativas Mediación y justicia comunitaria originada en costumbres sociales y religiosas de comunidades rurales – Bolivia)

viernes, 27 de marzo de 2009

ACUERDO SOCIAL POR LA JUSTICIA- SE EINVIERTEN SEISCIENTOS MILLONES DE EUROS EN ESPAÑA

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 27/03/2009

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, propuso ayer en su primera comparecencia parlamentaria un Acuerdo Social por la Justicia que impulsará con un presupuesto sostenido de 600 millones de euros en tres años.

El acuerdo se centraría en implantar la nueva oficina judicial, informatizar íntegramente los juzgados para que trabajen en red, trazar un nuevo mapa judicial mediante una nueva Ley de Planta, impulsar una nueva ley de Mediación y conciliación y crear un Registro Civil único.

Más que la letra del acuerdo, los portavoces de los grupos agradecieron "el tono" del nuevo titular de Justicia, el cambio del "sonido de tambores" por el "sonido de piano", en expresión de la diputada Rosa Díez.

Caamaño detalló que en los últimos 12 años la carga de trabajo se ha incrementado en un 50% y ronda los nueve millones de asuntos, pero subrayó que no cabe "caer en el fatalismo ni en el desánimo", porque contar con una Justicia que cumpla con el nivel de expectativas del ciudadano "es posible y factible".

Para ello, apostó por "reducir el número de recursos a los estrictamente necesarios" de forma que el derecho de acceso al juez no prolongue injustificadamente un litigio. La tasa de confirmación de sentencias de instancia se sitúa en niveles del 75% y el 85%, lo que representa un relevante indicio de calidad, informó Caamaño.
Juzgados comunicados

El ministro propuso instaurar la figura del "juez de adscripción territorial" para absorber incidencias, promover la regulación de mecanismos de mediación y conciliación para resolver controversias al margen de la Justicia, y constituir un consocio con el Poder Judicial, la fiscalía y las comunidades autónomas para intercomunicar todos los juzgados y tribunales de España.

Sobre cifras concretas, reiteró que creará para este año 220 plazas de jueces, 150 de fiscales y 290 de secretarios judiciales, cifras de las que tomó buena nota Federico Trillo, portavoz del PP. Trillo se limitó a mostrar su escepticismo ante un nuevo pacto por la Justicia, que sería el tercero, pero mantuvo "el tono y la forma", tal como le agradeció su contradictor habitual, el socialista Julio Villarrubia.

CENTROS COMUNITARIOS MASIVOS EN SALTA...Y EN MENDOZA CUANDO?

ACERCAMIENTO DE LA JUSTICIA A LOS HABITANTES
Inauguran hoy tres Centros de Mediación Comunitaria en los Valles

Salta al día - El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Francisco Kosiner, inaugurará hoy viernes en los Valles Calchaquíes tres Centros de Mediación Comunitaria, avanzando en la política delineada de acercar la justicia a los habitantes de toda la provincia. Los centros se inaugurarán en Cafayate, San Carlos y Animaná.
El primer acto será a las 11 en Cafayate, luego se hará lo propio, a las 17, en San Carlos; el último está previsto a las 19, en Animaná. De esta forma el abanico de los centros de mediación comunitaria se está cumplimentando en los municipios provinciales, a efectos de que los eventuales conflictos de los habitantes del territorio salteño puedan resolverse en sus lugares de residencia.
Gabriela Rodríguez Querejazu, mediadora y pedagoga, sostuvo que “la mediación comunitaria es mucho más que un método para resolver, en forma pacífica los conflictos. Es un arte de la convivencia, donde se aprende a escuchar sin juzgar y a disentir, sin pelear; donde se puede encontrar la unidad, en la diversidad, donde los deseos, sentimientos y necesidades son atendidos; la palabra, respetada y el compromiso, asumido. Donde la responsabilidad es habilidad para responder, el compromiso no es cumplo y miento (cumplimiento) porque a las palabras, en la Mediación, no se la lleva el viento…”
Próximamente serán inaugurados los Centros de Medicación Comunitaria en Río Piedras y en Metán.
Fuente: www.saltaaldia.com.ar/

jueves, 26 de marzo de 2009

DIVORCIOS EN ASCENSO EN MENDOZA

En 8 años, los divorcios crecieron 114 por ciento

Según el registro de sentencia del Poder Judicial, el único año en que no aumentó fue en el 2003. También se incrementó el pedido de anulación de matrimonios en la órbita de la Iglesia católica.

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Fuente: Paola Alé - Diario El Sol
paola.ale@elsoldiario.com.ar


Poca tolerancia a la frustración, inclinación a buscar soluciones mágicas a los problemas, una certeza de que las relaciones deben proporcionar una satisfacción instantánea “por amor”, sin que para eso medie ningún esfuerzo y hasta la posibilidad de evadirse de la sensación de displacer que provoca una pareja que no está funcionando bien por medio de un juego rápido, como en una ciberrelación o un flirteo con un compañero o compañera de trabajo.

Estos son algunos de los argumentos que pueden explicar el importante crecimiento sin pausa de los divorcios en Mendoza, situación, claro está, que no escapa a una tendencia global a la falta de compromiso y a los vínculos light.

Los porcentajes grafican con una elocuencia sin igual los argumentos de la psicología: desde el 2000 a esta parte, la cantidad de sentencias de divorcio, tanto contenciosas como consensuales, han aumentado 114 por ciento. Los datos fueron proporcionados por la Dirección de Estadística del Poder Judicial de la provincia.

Así, mientras que en el 2000 se dictaron 1.030 sentencias, en el 2001 fueron 1.065 y en el 2002, 1.237. Es llamativo el caso del 2003, cuando el número de sentencias dictadas decreció notablemente: fueron sólo 819, pero se trata de un caso excepcional, porque inmediatamente, el crecimiento recuperó su ritmo: en 2004 fueron 1.359 las sentencias dictadas, 1.475 en el 2005, 1.572 en el 2006, 1.798 en el 2007 y el año pasado se elevó a 2.206 el número de sentencias efectivas.

Pero no sólo son las desvinculaciones civiles las que aumentan sin pausa. En la Iglesia católica, los pedidos de anulación de matrimonios también se ha incrementado.
De esta manera, en el 2007 fueron atendidos 74 católicos con intenciones de disolver su unión religiosa, mientras que en el 2008 fueron 88 las personas que recurrieron con esta solicitud. En lo que va del 2009, ya son 11 los interesados en anular su unión religiosa.

Sin embargo, no todas las personas que consultan llegan a iniciar realmente la causa, muchas de ellas no continúan el proceso.

La psicóloga especialista en mediación y terapia familiar Nancy Caballero explicó las causas de este proceso que no da señales de estabilizarse, sino que se muestra en franco ascenso en la última década. tolerancia en baja.

En esta nueva sociedad marcada por las crisis económicas y la dispersión de los vínculos, parece que las relaciones han sufrido las mismas transformaciones que la comida, del fast food a la era light, por lo que todo se recicla y desaparece con alarmante rapidez. Algo similar ocurre con los matrimonios.

La psicóloga explicó que, para tener una visión clara de la situación, el número de sentencias de divorcio debería compararse con la decreciente cantidad de matrimonios que llegan a concretarse.

La argumentación comienza con el aspecto quizás más positivo de los cambios que se producen en la actualidad, y es que las personas ya no se sienten atadas las unas a las otras como sucedía en la época de nuestros padres o abuelos.

Ya no hay una unión karmática, de esas que eran más una sentencia a cadena perpetua que una elección personal. De todas maneras, los cambios también han traído sus contrariedades.

Actualmente, según expresó la especialista, la tolerancia a la frustración es tan baja que los seres humanos buscan la solución de todos los problemas en lo que tardan en tomar una pastilla que dejaron en la mesa de luz. Pero los conflictos interpersonales no funcionan de la misma manera, y eso es lo que genera insatisfacción.

Según explicó la especialista, marido y mujer llegan a su consultorio cargados de preconceptos e intentando corroborar lo que cada uno piensa del otro y muy pocas veces tienen a la vista la intención de salvar el matrimonio.

Esto sucede porque hay cada vez una mayor tendencia a resolver los problemas mediante soluciones mágicas y a buscar la satisfacción inmediata en el otro. “Si mejorar la relación implica trabajo, no todos están dispuestos a hacer el esfuerzo”, concluyó la psicóloga.

LA JUSTICIA EN PAMPLONA O MENDOZA TIENEN FALENCIAS COMUNES

http://www.noticiasdenavarra.com Reportaje a la vocal del CGPJ, Gabriela Bravo,

.Visita Pamplona para hablar de Justicia útil en una sociedad democrática. ¿Qué le falta a la actual para serlo?

A la Justicia le falta adecuarse a las exigencias del siglo XXI y a los postulados de la Constitución. Creo que una tutela judicial efectiva exige una Justicia eficaz y ágil. Ésa es la gran demanda de los ciudadanos. La Justicia ha sido la gran olvidada de nuestra democracia, que siendo un pilar fundamental y la bóveda del Estado de Derecho, sin embargo, ha sido la que menos recursos y la que menos inversiones ha tenido.

¿Y qué le sobra?

Le sobran muchos procesos que están obsoletos, las deficiencias de medios humanos y materiales. Por ello, desde el CGPJ apostamos por la necesidad de una verdadera modernización de la Administración de Justicia, por una reestructuración de los órganos jurisidiccionales, por un nuevo diseño de la planta judicial, por una reducción de la litigiosidad, que puede venir determinada por la desjudiacilización de algunas materias. Creo que la materia de Registro Civil necesita una reforma profunda. Otras materias, si quizá las recondujéramos a ámbitos de la mediación, donde el juez tuviera también un papel mediador importante en la resolución de conflictos más ágil que no sea la del propio proceso, también conseguiríamos mayor agilidad para resolver conflictos de los ciudadanos. Además habría que redefinir el papel de los jueces, pero también el de otros agentes jurídicos, y una mayor racionalización de los recursos.


La imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia es muy mejorable. ¿Qué hay que hacer para cambiarla?

Éste es uno de los grandes retos de este nuevo CGPJ, que apuesta por la transparencia en sus actuaciones y, sobre todo, dotar de garantía y confianza al ciudadano. Yo creo que es muy importante conseguir que la Justicia deje de ser una institución lejana y opaca. Es importante que el ciudadano se vea reflejada en ella como la vía para la resolución ágil y eficaz de sus propios conflictos.

El caso Mariluz ha situado a la Justicia en el disparadero. ¿En qué grado a dañado a su imagen y en qué grado puede servir para solucionar algunos de sus problemas?
Yo creo que el caso Mariluz con todo lo que conlleva en sí, como la muerte de una niña, no tenemos que utilizarlo más allá de lo que el rigor exige. Desde luego, a raíz de ese suceso se evidenciaron una serie de deficiencias que ya estaban allí y que todos los poderes públicos eran conscientes de que existían: retrasos, falta de informatización, de recursos... El trágico caso Mariluz, desde un punto de vista mediático, quizá ha tenido una mayor trascedencia, pero los males de la Administración de Justicia son muy anteriores.


La situación también es convulsa en el lado de la judicatura. Acabamos de vivir la primera huelga de jueces en el Estado. ¿Será también la última?

Yo espero que sí. Confío plenamente en que no haya otra huelga de jueces. El CGPJ no ha dejado de trabajar a pesar de la amenaza de huelga y confiamos en que los poderes públicos, tanto el Gobierno central, como los autonómicos, se esfuercen y se comprometan seriamente en la modernización de la Justicia, en proporcionar todos los medios para que el ciudadano tenga la Justicia ágil y eficaz que se merece.


La huelga de jueces coincidió en el tiempo con el cese del ministro Bermejo. ¿Fue una sorpresa?

Todos los ceses de los ministros causan sorpresa. Cuando un presidente de Gobierno elige a su equipo es porque tiene una confianza y quiere desarrollar su proyecto. Por eso, todos los ceses causan sorpresa, también el del ministro de Justicia.


¿La relación con el Ministerio de Justicia ha variado con el nuevo titular de la cartera?

Desde el CGPJ hemos podidos constatar la buena disposición, con los escasos recursos, porque no podemos olvidar la crisis a la que España se está enfrentando, al igual que el resto de países, para solucionar todas los problemas de la Administración de Justicia.


Entre las reivindicaciones de los jueces huelguistas figura la defensa de su independencia. ¿No ayuda muy poco a ella que algunos jueces se vayan a cazar con ministros?

Yo creo que la independencia del poder judicial está por encima de todas estas cuestiones. Que un juez y un ministro decidan, o no decidan, o se encuentren, porque no sabemos si decidieron acudir juntos a esa montería, creo que son datos que deben reconducirse a la vida privada de cada uno. La independencia del poder judicial está por encima de todo ello y no se tiene que ver mermada por anécdotas como ésta.


¿Cuál es la responsabilidad de los políticos en este sentido? Lo digo porque parece que algunos utilizan a los jueces como armas arrojadizas.

Quien tiene que preservar la imagen de los jueces es el CGPJ y desde el CGPJ se ha instado a los representantes de los poderes públicos y de la sociedad general en la necesidad de respetar la independencia de los jueces para que puedan desempeñar su función con imparcialidad. Está claro que la politización de la Justicia le resta credibilidad y crean precedentes de inseguridad jurídica, que no es buena para el Estado de Derecho ni tampoco para el propio poder judicial.


Las últimas reformas legislativas en materia de violencia machista y seguridad vial, ¿no han ido por delante de los medios existentes?

Éste ha sido siempre un problema en el ámbito de la Administración de Justicia. Las reformas legislativas han ido por delante de las memorias económicas. Nos hemos encontrado antes con la reforma y después hemos tenido que pedir los recursos. Éste es uno de los lastres que queremos ir superando. Para ello es necesario comprometer a las comunidades autónomas y al Ministerio de Justicia para que fijen previamente los recursos, o a posteriori, pero que los fijen, y en este tema el CGPJ va intentar mantener una postura de liderazgo.

LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE CRISIS

Crisis económica podría agudizar violencia contra las mujeres

Por Gladis Torres Ruiz http://www.cimacnoticias.com/
México DF, 25 marzo 09 (CIMAC).-

La crisis económica podría agudizar los casos de violencia en el país y las mujeres son las más afectadas, porque en un ambiente de carencias como la falta de alimentos, el creciente desempleo y el temor de engrosar las filas del desempleo, las tensiones aumentan señala Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En la conferencia: “La justicia y los derechos humanos en tiempos de crisis”, ofrecida en el marco del VI Congreso Nacional de Mediación, aseguró que en este contexto de crisis es indispensable apostar a procesos de no violencia, es decir a la construcción de la paz y derechos humanos, así como generar a partir del funcionamiento del aparato de justicia y de la intervención del Estado mexicano las garantías para enfrentar los efectos de la crisis y de las condiciones de inseguridad.

Álvarez Icaza añadió que la correcta impartición de justicia y el combate a la impunidad tienen un papel fundamental en la convivencia social y la paz, las cuales deben darse con una perspectiva de género ya que las mujeres también en estos casos sean más discriminadas y afectadas, pues a ellas se les castiga más severamente por el simple hecho de ser mujeres.

Esto, dijo, se puede constatar en las cifras de los centros de reclusión donde una de cada cuatro mujeres se encuentra ahí por delitos contra la salud, siendo condenadas a varios años de prisión, cuando en la mayoría de los casos fueron usadas sólo para transportar de un lugar a otro la droga, “como burras”, por lo que consideró hay un abuso del derecho penal.

Durante el Congreso, organizado por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, informó que cerca del 60 por ciento de las internas e internos en reclusorios están acusadas por delitos menores a los mil pesos, lo cual significa un abuso de la pena privativa de libertad.

Por casos como estos, comentó el Presidente de la CDHDF, es necesario que la justicia tengan perspectiva de género, por ello informó que buscará antes del término de sus gestión modificar el Código de Procedimientos Penales, y crear una política pública en la materia que no ponga en situación de riesgo a quienes son recluidos por pobreza y que casos como estos no continúen ocurriendo.

Agregó que el sostenimiento del desarrollo para el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la justicia, en este contexto de crisis económica es un mayor desafió, ya que las familias mexicanas viven la reducción de su patrimonio.

“Una de las maneras en que la crisis mundial afectará más gravemente a nuestro país en la disminución de remesas, por lo que exhortó a asumir que estamos viviendo una crisis, no es posible que sigamos en la negación ya que entre más pronto lo asumamos, más rápido será el proceso de mediación”.

Refirió que la crisis financiera afecta más a las mujeres, pues ellas están perdiendo un 2 por ciento más su trabajo, y una de cada 4 son jefas de familia, por lo que es indispensable que se establezcan políticas públicas, coordinadas entre el Gobierno federal y local, a favor de esta población.

Álvarez Icaza afirmó que es urgente que en este momento se ponga privilegio para tutelar los derechos laborales de las personas, es decir que a través de políticas públicas se cuide el trabajo de las y los mexicanos; que se generen condiciones, para que las medianas y pequeñas empresas puedan operar mejor, en términos de reducciones fiscales o estímulos, así como que se generen condiciones para proteger, a través de los programas sociales, a las poblaciones en mayor riesgo, puntualizó.

LA CRISIS ECONÓMICA PARA PRIORIZAR VALORES

http://www.europapress.es ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los valores y la Crisis


El director de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Víctor Viñuales, mostró su esperanza en que la crisis económica sirva para "priorizar nuestros valores", de manera que el dinero "deje de ser lo primero, incluso a costa de la salud".

Viñuales se refirió a la noticia de que cada año mueren dos millones de personas por culpa de la contaminación, lo que, a su juicio, evidencia que "ojos que no ven, corazón que no siente" y que, como la contaminación "no termina de verse" no se toman medidas. "Es de locos, estamos envenenando nuestros ríos y luego nos comemos los peces que viven en ellos", aseveró.

Así apostó por unos valores que primen la salud y el respeto al medio ambiente, así como por el impulso de un consumo responsable pues en España sólo el 0,3 por ciento del consumo tiene estas características. "En España el treinta por ciento de la población está de acuerdo con un comercio justo y sostenible, pero sólo el 0,3 por ciento lo lleva a la práctica", lamentó.

En este sentido consideró que para solucionar la situación actual "debemos arrimar todos el hombro: ongs, sindicatos y administración, como se hizo con la energía eólica", y explicó que Ecodes "no es una ambientalista al uso, sino que también se preocupa por el empleo y por problemas sociales".

Viñuales hizo estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa en la que la analista Teresa Rollors explicó los fundamentos y actividades de Ecodes. En concreto recordó que se trata de una entidad independiente y sin ánimo de lucro, formada por un grupo de profesionales que trabaja para un desarrollo sostenible con alternativas "ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables".
Así señaló que sus objetivos estratégicos pasan por promover el mercado de la sostenibilidad en España y América latina, impulsar los procesos de participación y mediación en conflictos socioambientales, y un compromiso con el desarrollo sostenible de Aragón.

Para conseguirlo, en la Fundación desarrollan ejes estratégicos como una producción sostenible, una inversión socialmente responsable, un consumo sostenible, el desarrollo de políticas públicas, incidencia de la sociedad civil, y educación para la sostenibilidad.

Sus lineas de actividad se centran en ofrecer asistencia técnica a diversas organizaciones públicas y privadas; ofrecer formación para la sensibilización sobre prácticas sostenibles; analizar la Responsabilidad Social Corporativa de empresas cotizadas y no cotizadas para ofrecer información sobre sus sostenibilidad a los mercados financieros y de consumo; y promover proyectos de trabajo en red con otras organizaciones para la reflexión.

Destaca el desarrollo de proyectos como el 'Nexos' para impulsar la contratación sostenible con procesos de compra acordes con estándares socio-ambientales; CeroCO2, por el que más de 117 entidades han calculado, reducido o compensado sus emisiones; o Piensaenclima, para que la sociedad se decante por comprar sus productos de consumo habitual en empresas que vigilan el cambio climático.

miércoles, 25 de marzo de 2009

MEDIACION PARA AGENTES PENITENCIARIOS EN MEXICO Y EN MENDOZA (ARGENTINA)

EN MENDOZA

A fines del año 2007 veinticinco agentes penitenciarios fueron formados en un curso introductorio a Mediación Penitenciaria por la Universidad del Aconcagua y REDES ALTERNATIVAS.

No respondía a ningún plan o programa pensado. Solo fue un hecho aislado donde se inscribieron espontáneamente los agentes

Comentábamos en otra nota que la mediación entre presos, cuyo trabajo llevó tres años, debió abortarse en Mendoza por falta de voluntad política. Mientras se incorporaba con éxito en Mexico. España y Ecuador

Las formaciones ,de personal custodio y reclusos, permiten la introducción de metodologías de abordaje de conflictos en las cárceles, en todos los niveles y posibilidades de interacciones, como política carcelaria

Así se piensa y se pone en curso, como políticas públicas, cuando la imaginación y la voluntad política están al servicio proactivo del pueblo

EN MEXICO

El director General de los cedes (cárceles), explicó que este es el tercer curso de este tipo, toda vez que en los cedes (cárceles) de Reynosa y Altamira ya se recibió esta capacitación al igual que personal de la Dirección de Investigación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte del proceso de capacitación y profesionalización, personal de los Centros de Ejecución y Sanciones adscritos a Ciudad Victoria y Tula, fueron incorporados al curso de “Introducción a la Mediación. Dijo OrlandoSaucedoPinta.

El director General de los Cedes, explicó que este es el tercer curso de este tipo, toda vez que en los cedes de Reynosa y Altamira ya se recibió esta capacitación al igual que personal de la Dirección de Investigación, Diagnóstico y Mediación.

Con estos elementos se propicia un mejor internamiento, al favorecer la comunicación ágil y participativa de los reclusos con las autoridades, así como con sus familias.

El curso es impartido con el apoyo del Instituto de Mediación en Tamaulipas que preside Eduardo Garza Rivas y que entre los propósitos contempla proporcionar los elementos básicos que conforman los procesos de negociación colaborativa y participativa para la resolución de conflictos de forma pacífica.

Al evento de inauguración asistieron; el secretario ejecutivo del Instituto de Mediación en la Entidad, José Ives Soberón Mejía y por parte de la Dirección General de Cedes, Guadalupe Cordova Cortina y Erika Castro Manzur.

“Introducción a la Mediación”, es impartido por Arturo Alvizo Martínez y Anel Sánchez Jhonson, director de los Centros de Mediación y Jefa del Departamento de Capacitación. como parte del proceso de capacitación y profesionalización, personal de los Centros de Detención

martes, 24 de marzo de 2009

MEDIACION ...DIFUSION POPULAR DEL METODO

Explicarán en Rawson los alcances de la mediación comunitaria

Se desarrolla en las asociaciones vecinales de Rawson la primera etapa de la Mediación Comunitaria, que consiste en explicar a la población los objetivos y características del proyecto, como herramienta de solución de conflictos. La iniciativa depende de la Secretaría de Familia y Promoción Social y es coordinado por Patricia López. Cabe recordar que los talleres ya tuvieron su inicio formal en el barrio Río Chubut con la presencia del intendente Adrián López.

La funcionaria explicó que la primera etapa del proyecto corresponde a los talleres barriales, medida que implicará sendas reuniones en las asociaciones vecinales de la ciudad. Al respecto expresó “queremos trabajar el tema con cada presidente barrial, éste es un trabajo minucioso para que capten la visión, lo que nos interesa es que la gente conozca la mediación” y comentó que “se ha programado dar los talleres en cada centro barrial una vez por mes”. Esta etapa estará abierta a la participación pública.

Alternativa
Patricia López destacó luego que “es fundamental que la gente empiece a conocer que hay otra alternativa para resolver los conflictos, no es necesario esperar que el problema se agrave sino que, conociendo esta medida, cuando surge el problema un tercero neutral puede resolverlo”, explicó.

La coordinadora abundó posteriormente en que los mediadores concretan un trabajo neutral, que equivale a no tomar posiciones por ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Se explayó haciendo notar que “el mediador trabaja y entrevista a ambas partes y observa los intereses de todos los involucrados, el mediador mira el conflicto desde afuera de forma neutral y ayuda a las partes a comunicarse” resaltando que “si se gestó el conflicto es porque hasta ese momento no supieron comunicarse, acá es donde esta herramienta actúa”, insistió. Profundizó en la cuestión al argumentar que “el mediador recibe en el terreno la queja de alguien que siente que otra persona está afectando sus intereses”.

Formación
La coordinadora dijo que una de las partes de este proyecto comprende la capacitación de quienes cumplirán el rol de mediadores. Puntualizó que luego de la etapa destinada a dar a conocer la herramienta de mediación en cada uno de los barrios se continuará con “la misión de formar centros de mediación en los propios barrios para que los vecinos, ante cualquier situación que altere la convivencia sepan que pueden concurrir a un lugar donde habrá un tercero neutral que les ayudará a buscar una alternativa de solución”, concluyó.

lunes, 23 de marzo de 2009

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES UN PROBLEMA PRIVADO DE RESPOSABILIDAD PUBLICA

Contra la inseguridad íntima

http://www.pagina12.com.a

La violencia contra las mujeres es, en muchos casos, una inseguridad permanente e íntima. Pero jamás privada. Es un problema público que exige políticas de Estado efectivas para que no se vuelva a contar, como el año pasado, una muerte cada tres días por violencia sexista. La semana pasada se dio un gran paso en contra de esta inseguridad tan silenciada cuando el Congreso nacional sancionó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. La autora del proyecto, la senadora Marita Perceval, explica los alcances de esta norma y también lo que falta para Por Luciana Peker

Mirta Alejandra Arias tenía 37 años y cinco hijos de 18, 17, 15, 11 y 5 años que –ahora– no tienen madre. Rolando Gaitán Juncos era su pareja. La obligaba a vestirse mal para que nadie la mirara. No le permitía que se encontrara con amigas. La golpeaba hasta dejarla con moretones en la cara y en las manos. Mirta no contó con protección para poder frenarlo. El lunes 16 de marzo fue asesinada en un descampado de la localidad cordobesa de Sacchi. El la golpeó en la cara con un bloque de cemento, la golpeó ensañadamente en la cara y cuando volvió les dijo a sus hijos: “No la llamen más porque la maté”. Pero antes de irse secuestró a la hija más chica de Mirta, a Sofía, que (hasta el cierre de esta edición) no había aparecido. El gobierno de Córdoba ofreció 50 mil pesos de recompensa y puso 120 policías para rastrearla.
Pero el femicidio de Mirta no es una tragedia inevitable, un descontrolado y sangriento acto de pasión, un problema personal. La muerte de Mirta se podría –y tendría que– haber evitado si Mirta hubiera contado con herramientas para prevenir y defenderse de la violencia de su pareja. “En octubre la señora hizo la denuncia por malos tratos”, informó una fuente policial. Pero si ella se animó a acercarse a una comisaría la denuncia quedó en letra muerta, tan desamparada y frágil como ella.
Mirta no es un nombre más, no es un caso aislado, no es una empleada doméstica asesinada por inercia, es parte de la inseguridad íntima en donde todavía reina el no te metás. Y ni siquiera se alzan las voces públicas. La tele toma la foto del asesinato. Pero no mira más allá para ver cómo se detiene la violencia doméstica. El año pasado murieron 207 mujeres por violencia sexista, según un relevamiento de casos publicados en los medios, realizado por La Casa del Encuentro.
Para detener el desenfreno de la violencia contra las mujeres, el miércoles 11 de marzo el Congreso sancionó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que busca dar más herramientas para que la violencia no sea un círculo que termine en muerte.

La ley es un empujón –y un marco teórico– que después tiene que plasmarse en soluciones concretas para realmente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La nueva norma propone crear una línea telefónica nacional para denunciar y pedir ayuda frente a la violencia doméstica, la creación de refugios para que las víctimas puedan salir del encierro, la prioridad para recibir créditos y empoderar a las mujeres que buscan salir de situaciones de vulnerabilidad, entre otras medidas. Y también avanza en enmarcar la violencia institucional, obstétrica, mediática y sexual y reproductiva contra las mujeres. “Hay violencias cotidianas que pasan silenciadas y que ahora están nombradas”, valoriza la senadora por Mendoza y autora del proyecto que fue sancionado por el Congreso, Marita Perceval.

¿Qué implica la sanción de la Ley contra la Violencia?
–En la recuperación de la democracia fue un avance sancionar una ley contra la violencia doméstica que tenía los altos muros de los hogares como excusas de silencio y eso hizo avanzar en conocer este delito. Pero otros tipos de violencia no estaban nombrados en una norma, pero sí explicitados en la Convención de Belem Do Pará. Esta ley toma una definición integral de violencia contra las mujeres que incluye la violencia doméstica, pero también la institucional, mediática, obstétrica y contra la salud sexual y reproductiva.

¿Qué avances concretos se pueden delinear a partir de la nueva norma?
–Algunas provincias tienen programas contra la violencia, es importante la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para atender los casos de violencia doméstica. Pero no hay una política nacional y federal que tenga articulación y un abordaje consistente para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres. Un caso emblemático es que no contamos con estadísticas. Amnistía Internacional tuvo que recurrir a los casos de violencia que la prensa refleja y así llegó a la conclusión de que cada tres días una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja. También se necesitan protocolos de atención unificados de atención a las víctimas para que la revictimización no sea pan cotidiano para las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer va a denunciar a una comisaría que es víctima de violencia laboral en el trabajo y le dicen “aguantátela, no armes lío, vas a perder el trabajo” o si tiene que pasar por situaciones humillantes cuando la cuestionan “mirá la falda que tenés” o “las cositas se arreglan en casa” si va a denunciar violencia doméstica. Muchas veces en la Justicia también la desalientan a denunciar. Por eso, esta ley es muy favorable para poner sobre la mesa las distintas modalidades de la violencia y comprometer a todo el Estado en la asistencia a víctimas de lo que ha sido definido por Naciones Unidas como la epidemia social del siglo XXI.

¿En qué va a cambiar en la práctica cuando una mujer decida hacer una denuncia?
–Hay algunas voces que dijeron que la ley tenía debilidades de sanción, pero no quisimos hacer una ley que estuviera impregnada con tipos penales. Es una ley que ordena al Estado el desarrollo de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres porque es una ley de alcance nacional. En cuanto a los procedimientos, hay provincias con distintas arquitecturas y se deja librado a cada provincia cómo aplicar los procedimientos, pero con los criterios inexcusables que definen los tratamientos a víctimas de violencia. Por ejemplo, en ningún caso se deben realizar audiencias de conciliación o mediación en casos de violencia contra las mujeres. Sabemos que la violencia se produce por una relación desigual de poder, entonces, no se puede llevar a la víctima a una audiencia de conciliación con el victimario, utilizar esta herramienta está explícitamente prohibido.

¿Qué pasa con la mujer que se va de su casa para huir de la violencia? ¿Cómo hace para defender su derecho de vivir en esa casa?
–La mujer no puede ser enajenada ni de la casa ni de sus pertenencias aunque en una situación de desesperación se haya ido del hogar.
La ley especifica que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a vivir en el hogar familiar –aun cuando sus parejas sean los dueños de la propiedad– y también a quedarse con los muebles. ¿La mención es porque hay muchos agresores que entran en su ex casa con la excusa de que el televisor de la vivienda es suyo, por ejemplo?
–La enajenación de bienes vulnera a las vulnerables. Muchas veces las mujeres son despojadas de la casa y de bienes que no tienen que ver con lujo u opulencia pero sí con el desarrollo de la vida cotidiana y sabemos que las mujeres, en su mayoría, están a cargo de hijos e hijas o de familias ampliadas. Es importante proteger a la víctima y marcar que tiene derechos.
¿Qué hay que hacer con los hombres maltratadores?
–No estamos de acuerdo con el modo Susana Giménez de pensar que los victimarios tienen que pudrirse en una penitenciaria o de aplicar la pena de muerte. Por eso está contemplado que con los varones que ejercen violencia haya un trabajo multidisciplinario para cambiar esas conductas. Nada hay en la naturaleza que condene a una persona para siempre a tener una conducta delictiva o violenta. Si no tenemos en cuenta la realidad del victimario, estaríamos mirando fragmentariamente el tejido social en miras a la igualdad.

¿Cómo se protege a las víctimas que realizan una denuncia contra su pareja?
–La protección a las víctimas está contemplada porque muchas veces el trayecto entre el lugar donde la mujer hace la denuncia y el trabajo o la casa es la autopista de la muerte. La idea es que pueda ser protegida mientras dure su exposición a un maltrato previniendo la posibilidad de una vendetta cuando la mujer dice “basta”.
Mientras se espera que la ley llegue a la práctica, esta semana, Mirta Alejandra Arias fue asesinada por su pareja en Córdoba.
–Yo recuerdo que cuando fui la presidenta del Instituto de la Mujer en Mendoza, en la década del noventa, una mujer con cuatro hijos en el este mendocino había denunciado la violencia una y otra vez y nunca excluyeron al agresor del hogar hasta que el marido les prendió fuego a la mujer y a los hijos. No es un tema nuevo. Y eso habla de la indiferencia o el cinismo de quienes tienen que hacerse cargo. Las medidas preventivas son urgentes y no hay excusas para no poner en práctica la ley. Una de las medidas inexcusables es la de sacar al agresor del ámbito donde vive la víctima. Junto con la exclusión del agresor nosotras enfatizamos en la necesidad de medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, aun en casos de violencia laboral o institucional. Se necesita que la mujer víctima esté acompañada. No es que consideremos que la mujer es menor o una ciudadana discapacitada, pero sí sabemos que las víctimas están en situación de riesgo y hay que protegerlas.
Una de las críticas a la norma es que no abre la posibilidad a que las denuncias provengan de terceras personas.
–Toda persona puede dar cuenta de que hay una víctima de violencia, pero hay delitos –como los de integridad sexual– en los que la víctima es la que tiene que hacer la denuncia. En el caso de un efector del Estado que se entera de un hecho de violencia, tiene que dar cuenta de ese hecho de violencia en 24 horas. Por ejemplo, un maestro o maestra que advierte que una niña o adolescente tiene comportamientos que evidencian o sugieren que ha sido víctima de abuso sexual, tiene que denunciar esta situación y debe pasar lo mismo que en la escuela en un centro de salud o en un centro deportivo.

¿Cómo se hace en la práctica para que una mujer pueda demostrar que sufre violencia psicológica si no hay lesiones físicas?
–Sin duda, los que se resisten a avanzar en estos derechos ven el riesgo de la manipulación o de las denuncias falsas. Pero el sufrimiento psíquico no es una simulación que pueda sostenerse, tiene huellas que afectan la estructura de la personalidad y el comportamiento cotidiano. Si continuamente una mujer es insultada o tratada peyorativamente, puesta en el lugar de la torpe o la inútil, ese maltrato no es una sutileza fantasmagórica, es contrastable empíricamente. Que la violencia sea subjetiva no quiere decir que no sea comprobable por equipos interdisciplinarios.

¿Qué pasa con la falta de refugios, especialmente para mujeres que viven en barrios precarios y no pueden excluir al hombre del hogar sino que necesitan irse a un hogar para salir de la violencia?
–La ley es de principios básicos. Pero exige que haya refugios transitorios. Mientras se resuelve la situación de esa víctima, la mujer debe contar con un ámbito de protección y cuidado. También está contemplado que las mujeres en situación de exclusión económica y social reciban programas de inclusión laboral para favorecer su autonomía –si están desocupadas– y el acceso al crédito, que es un escollo y no solamente para las más pobres entre las pobres. Muchas veces la dependencia económica es la que hace que las mujeres resignen su dignidad para no caer en una situación de exclusión económica con sus hijos. Por eso, hay que favorecer la inclusión económica de las mujeres.
Todavía es difícil saber qué hacer cuando en la calle se ve a un hombre pegándole a una mujer.

¿Puede ponerse en marcha una línea telefónica nacional para recurrir ante casos de violencia machista?
–El Estado tiene que ser accesible a la ciudadanía. No podemos tener ochenta mil líneas telefónicas. Tiene que haber una línea telefónica nacional y gratuita que contemple el nomadismo de las violencias. Por ejemplo, una mujer de Tucumán que aparece en Mendoza trabajando en la cosecha en condiciones de explotación a lo mejor se acuerda de un número de Tucumán pero no conoce el de Mendoza. Tenemos que reconocer que las violencias van de un lugar a otro. Hay que unificarnos como nación y pensarnos integralmente. No podemos confundir con la numerología a la ciudadanía. Una línea telefónica unificada no es un dato menor.
La ley le otorga mucho poder al Consejo Nacional de la Mujer, pero en los últimos años este organismo ha estado muy desdibujado y no ha tenido una participación activa en la defensa de los derechos de las mujeres...
–Sí, es el organismo específico. Sé de la debilidad de la arquitectura institucional, pero también esto genera un empoderamiento. Y, en lo personal, vengo presentando la creación del Instituto de las Mujeres, con rango en la Jefatura de Gabinete, que es una herramienta imprescindible de democracia paritaria que nos debemos como tienen en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, España y todos los países europeos. La idea es crear un espacio para garantizar la transversalidad de género en el diseño y desarrollo de políticas públicas. No es una ocurrencia de cinco feministas locas, es la manera como se construyen la paridad y la igualdad.
La diputada Marcela Rodríguez proponía que el proyecto de ley vuelva al Senado porque objetaba que no eran consistentes las medidas de prevención y sanción contra la violencia que contiene la ley.
–Con Marcela Rodríguez –que se abstuvo, no votó en contra– quedamos en trabajar en los procedimientos en leyes complementarias. Esto es una ley que establece principios básicos, criterios e instrumentos de prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Es cierto lo que dice Marcela, pero yo no compartía el criterio de “contaminar” con sanciones una ley que es de principios básicos, pero sí creo que hay que seguir trabajando.

La ley agrega la violencia obstétrica y de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo se pueden aplicar estos nuevos conceptos?
–Sabemos que muchas veces las mujeres que van a parir o que llegan a un hospital desangrándose por un aborto en vez de ser contenidas por una atención digna son humilladas y maltratadas. Ya está sancionada la ley de parto humanizado, pero hay mujeres a las que les dicen en el parto “ahora gritás, si antes te gustaba”. Sabemos que la invasión de la medicina en el cuerpo de las mujeres es frecuente. Tampoco se puede negar el derecho a decidir libre y responsablemente el número de embarazos. No es nuevo. Es cumplir con la ley. Pero sabemos que, en muchas provincias, la ley no se cumple. La violencia es negar la libertad y anular la dignidad.